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El organismo a cargo de Javier Fernández (subrogante) presentará un escrito ante la Corte Suprema de la Nación rechazando la pretensión de la provincia vecina.

La Fiscalía de Estado responderá a demanda pampeana por el Atuel

La Fiscalía de Estado responderá a demanda pampeana por el Atuel

Sara Gonzálezgonzalez.sara@diariouno.net.ar

En los próximas días, la Fiscalia de Estado, a cargo del fiscal subrogante Javier Fernández, contestará la demanda presentada por La Pampa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conflicto que mantienen ambas provincias por el agua del río Atuel.

En el escrito la Fiscalía rechazará el planteo efectuado por la provincia vecina, argumentando que está vigente el fallo de la Corte del año 1987. También argumentarán que no hay elementos jurídicos ni fácticos para que ahora la Corte intervenga en el caso. Este es el primer paso judicial que dará la provincia de Mendoza desde que a mediados de mayo La Pampa cargara una vez más con el reclamo que lleva décadas sin resolución. La demanda a Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia solicita que se declare el incumplimiento de nuestra provincia a la sentencia del máximo tribunal de 1987, que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río  Atuel, considerado “interprovincial”. Esa demanda fue una reacción ante lo que aprobó la Legislatura de Mendoza un mes antes, cuando rechazó el convenio que en el 2008 había redactado el gobierno de Celso Jaque. Ese convenio pasó por la revisión del  Departamento General de Irrigación y por la Fiscalía de Estado, y en ambos organismos cosechó muchas observaciones. Por lo tanto era previsible que no consiguiera aprobación en la Legislatura. Al caerse el acuerdo, el  gobierno pampeano volvió a la carga con el reclamo. La demanda pretende que se disponga la creación de un Comité Intejurisdiccional para la cuenca del Atuel con la participación del Estado nacional, al que también se incluye para que colabore económica, financiera y  técnicamente en las etapas de ejecución de las obras. También plantea que el agua del río Atuel que no llega al territorio pampeano entraña un perjuicio económico para la provincia pampeana. “El daño económico sería como mínimo de unos $100 millones anuales a valores de  hace tres años, y exige que se fije un caudal fluvioecológico en forma inmediata”, dicen. Entre los argumentos esgrimidos en el informe que se presentará en los próximos días en la secretaría de Procesos Originarios de la Corte, se toman en cuenta informes internacionales y nacionales que confirman que cada  vez el escurrimiento de los glaciares es más escaso, y esto hace que el caudal de los ríos sea menor, según se adelantó desde la Fiscalía. La respuesta que se presentará en la Corte ha sido elaborada por los especialistas que tiene la provincia en temas hídricos: los abogados Martín Líber, Aldo Guarino Arias, Miguel Mathus Escorihuela y Edgardo Díaz Araujo.  También intervino el director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía, Amílcar Moyano. En contexto Este conflicto se remonta a principios del siglo XX, cuando Mendoza produjo el primer corte del río Atuel, desapareciendo el brazo principal conocido como Atuel Viejo, aunque otro corte terminó con el cauce hídrico que llegaba  a La Pampa a raíz de la construcción de la presa hidroeléctrica El Nihuil en 1947 –esta provincia surgió como ente jurídico en 1952–. En 1987, la Corte Suprema declaró la “interprovincialidad” del Atuel y exhortó a Mendoza a realizar obras para mejorar la eficiencia del riego, aunque le entregó el derecho de regar 75.600 hectáreas, mientras el excedente  debía ser motivo de “convenios interprovinciales para conseguir una participación equitativa del agua para La Pampa”. El actual gobernador pampeano, Oscar Jorge, y el entonces mandatario mendocino, Celso Jaque, firmaron el 7 de agosto de 2008 el último convenio entre ambas provincias por el río Atuel, que en realidad fue estimulado por  el Gobierno nacional. El acuerdo fue aprobado por los legisladores de La Pampa y rechazado en abril de este año por los de Mendoza. El convenio, que continuó el conflicto político, pretendía asegurar a La Pampa un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial, y hasta la puesta en marcha y concreción de distintas obras por  parte de Mendoza vinculadas con la impermeabilización de los canales marginales por donde debería llegar el agua.

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