Por Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar
Esto le genera un golpe a la gestión del gobernador Francisco Pérez. Desde el radicalismo afirmaron que la razón los "asiste".
La decisión judicial le cerró al oficialismo de Mendoza la posibilidad de pedir prestados $1.300 millones

Golpe para el gobierno de Francisco Pérez. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la medida precautoria reclamada por el radicalismo para frenar los cambios que el oficialismo buscaba introducir en la Ley de Contabilidad a fin de endeudarse.
Esta decisión judicial le cierra al oficialismo la posibilidad de pedir prestados $1.300 millones en el circuito financiero.
Eso sí: para dejar en firme el recurso de no innovar los radicales deben depositar en la Justicia una caución por dos millones de pesos.
Es una cifra, según reconocieron los miembros del partido, muy elevada para las finanzas de la UCR, pero la conseguirán poniendo en garantía los bienes que poseen.
Todo sea por no echarse atrás con su determinación de no permitir que el gobierno kirchnerista de Paco Pérez se endeude.
“Que el gobernador administre bien los recursos, no es nuestra responsabilidad sino la de él”, soltó el presidente del partido radical, Sergio Pinto.
Qué frenó la CorteEl juevesa la mañana, la Sala 1ª de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, compuesta por los magistrados Alejandro Pérez Hualde y Jorge Nanclares –Carlos Böhm también la integra pero está de licencia–, decidió darle lugar a la medida cautelar solicitada por la UCR.
Los radicales la habían pedido por considerar que las modificaciones introducidas a la Ley de Contabilidad a través de la norma 8.667, sancionada en abril pasado por la Legislatura de Mendoza, eran inconstitucionales.
Lo que permite la Ley 8.667 es tomar endeudamiento, valiéndose de la autorización que la Legislatura aprobó en el 2013 para este fin, por un monto de $1.300 millones. Ello estaba prohibido por la ley 3.799, pero con las modificatorias la prohibición quedó sin efecto.
Pero ahora, y luego del recurso de amparo aceptado, la Corte determinó que no se pueda poner en vigencia la Ley 8.667. Por lo tanto la situación se retrotrae a lo ocurrido antes de la sanción de dicha legislación.
Es decir que al no haberse aprobado la pauta de gastos 2014, el Gobierno de la provincia puede ejecutar el Presupuesto del 2013, pero sin la posibilidad de endeudarse, ni siquiera para pagar deuda adquirida por gestiones anteriores.
Palos radicales“El gobernador tiene que hacerse cargo de administrar los recursos de los mendocinos. Deberían preguntarle qué ha hecho durante dos años y medio con estos recursos. Ha habido ingresos suficientes durante los 7 años de gestión peronista. Si se ha diseñado mal la política económica, nosotros no somos responsables de esto”.
Estas fueron las palabras que el presidente del Comité Provincia de la UCR le dedicó al gobierno de Pérez.
Las dijo en respuesta a la posibilidad de que el Ejecutivo no pueda pagar los sueldos sin la herramienta del endeudamiento, como muchas veces lo han asegurado los ministros de Hacienda, Marcelo Costa; el de Gobierno, Rodolfo Lafalla, y el mismo gobernador.
“Nos darán la razón”Al respecto, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Néstor Parés, explicó que la Corte pide esta especie de fianza para cubrirse en tanto salga el fallo definitivo sobre la cuestión de fondo: en este caso, si se declara inconstitucional la ley 8.667.
Además manifestó que no es necesario depositar 2 millones de pesos en efectivo, sino que la medida se puede respaldar con bienes que posea el denunciante.
Informalmente explicaron que podrían colocar los inmuebles y los vehículos que el partido posee como garantía.
“De todas maneras, estamos seguros de que la razón nos asistirá y la Justicia nos dará la razón a nosotros”, aseveró Parés.
Negociaciones estérilesLa falta de acuerdo entre peronistas y radicales por la pauta 2014 proviene de diciembre del 2013, cuando el proyecto ingresó a Legislatura.
En una primera instancia los diputados que responden a Alfredo Cornejo le bajaron el pulgar al endeudamiento pedido por 1.700 millones de pesos.
El presupuesto fue aprobado con media sanción de Diputados, pero sin derecho a endeudamiento.
El proyecto se frenó en el Senado y los legisladores se fueron de vacaciones sin haberlo aprobado. Luego sobrevino la crisis del dólar, a fines de enero, y el panorama cambió.
Por el incremento de la moneda extranjera, los ingresos se aumentarían y por este motivo cuando la Legislatura volvió a sesionar el panorama era otro.
El ministro Marcelo Costa concurrió nuevamente a la Casa de las Leyes para pedir permiso para endeudamiento no ya por $1.700 millones, sino por $1.300 millones.
Hubo una especie de acercamiento con los senadores radicales de la Línea Federal, que diseñaron una pauta propia, con autorización para adquirir deuda pública por un monto mucho menor al solicitado: 800 millones de pesos.
Sin embargo, fue el mismo partido radical el que no permitió que la idea de los seguidores de Enrique Vaquié prosperara y finalmente se retomó la determinación del principio: presupuesto sí, pero equilibrado.
El Gobierno se encerró en su postura y tomó el atajo de la modificación a la Ley de Contabilidad, recurso con el que ahora no puede contar.
Después el radicalismo llevó el caso a la Corte. El máximo tribunal sugirió reuniones de conciliación entre el PJ y la UCR que no dieron fruto. Hoy la realidad es que Mendoza sigue sin presupuesto, el Ejecutivo no se puede endeudar y los canales de diálogo entre oficialismo y oposición están más cortados que nunca.
►Muchos meses perdidos. En esta larga pelea política entre el gobierno de Pérez y los radicales por el Presupuesto y el endeudamiento es evidente que quien ha demostrado menos muñeca ha sido el propio Ejecutivo.