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El ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassín, pidió a la asesoría letrada de la DINAF que determine responsabilidades en el caso del chico que murió atropellado.

Había un informe de la DINAF sobre los niños que pedían limosna

Había un informe de la DINAF sobre los niños que pedían limosna

Por Cecilia Osorioosrio.cecilia@diariouno.net.ar

Un informe determina que un hermano y un primo de Julio Benjamín Jotallán Heredia, el niño de 4 años atropellado el sábado pasado mientras mendigaba con su hermana, fueron captados en marzo por operadores de un programa de la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia). También se los encontró realizando “estrategias de calle”.

El documento expresa: “La existencia de una amenaza de vulneración de derechos como seguridad mínima, descanso y resguardo a la higiene y al desarrollo integral”. Se remitió desde la Coordinación de los Órganos Administrativos Locales (que dependen de la Dirección de Protección de Derechos, de la DINAF) al OAL, de Godoy Cruz, sugiriendo en paralelo una derivación al Área de Niñez y Adolescencia de la Comuna. ¿Por qué a pesar de esta información no hubo medidas para proteger los derechos de los chicos? Es lo que ordenó investigar el ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, quien requirió a la asesoría letrada de la DINAF que inicie una investigación sumaria “para determinar responsabilidades y analizar actuaciones en el caso”. Indagarán en los antecedentes que pudieran estar registrados en todas las áreas que dependen de la Dirección. Los informes llegaron al diario Por las reiteradas denuncias a la línea de niñez 102 y reclamos de particulares, el 29 de marzo trabajadores del Plan Estratégico de Acción para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle detectaron a Ariel Jotallán Heredia (8) y a su primo Rodrigo Heredia (10) en la intersección de Paraná y Corredor del Oeste. Según dijeron los niños, habían llegado allí media hora antes “con la intención de conseguir monedas para el cíber”. Los menores refirieron, según el expediente, que las madres estarían al tanto de las actividades que realizaban. Se trata de un hermano y un primo de Julio, atropellado por un automóvil cuando se soltó de la mano de su hermana Carina (11) en esa misma esquina, el sábado a las 21.30. Que tanto el pequeño fallecido, como sus familiares hayan realizado en distintos momentos la misma actividad, manifiesta que no era excepcional su presencia en la zona. “El chico Heredia expresó –sigue el informe–, no asistir al colegio Maestro Jesús Nazaret porque se encuentra derrumbado”. Ariel dijo que iba a la escuela Emaús, en calle Sarmiento. “Por la existente vulneración de derechos”, los operadores contactaron “telefónicamente a las autoridades de la escuela de Ariel, quienes proporcionaron el domicilio y nombre de los progenitores”. El informe sobre esa situación fue elevado el 31 de marzo a las autoridades del Plan Estratégico que depende de la Dirección de Protección de Derechos. El 7 de abril por pedido de la Coordinación de los Servicios Locales de Protección de Derechos, conocidos también como OAL, se redactó una nota similar para la coordinadora del OAL de Godoy Cruz. Con esta información y los documentos que la confirman, Diario UNO acudió a la persona a cargo de la Dirección de Protección, María de los Ángeles Díaz –remplazó a Fernando Herrera tras el caso Luciana–, quien después  de indagar en las dependencias ratificó el antecedente: los hermanos de Julio fueron captados en marzo en la misma situación en que él se encontraba cuando fue atropellado. Al OAL no llegó la información Díaz recibió a UNO en su oficina y explicó: “La dirección a mi cargo toma medidas de protección o excepcionales (llevar a los menores a un hogar o que permanezcan con un familiar de su red extensa) cuando se lo demandan las instituciones y los efectores de salud, educativos, o las áreas municipales. Así lo establece el protocolo para que no todo se concentre en un área. Es cierto, tenemos la responsabilidad de la aplicación de la ley 26.061, pero ningún efector de los que tuvo contacto con la familia pidió que se interviniera considerando un riesgo”. La funcionaria, que viene de trabajar varios años en Niñez de Guaymallén, prosiguió: “La escuela informa que los chicos están escolarizados. Además, están siendo asistidos por el Municipio (N.d.R: en el Municipio explicaron  que Desarrollo Social sólo aporta bolsones de comida a la familia y materiales de construcción). Puede haber una amenaza de vulneración, pero hay que constatar que sea cierto”. Protección para los hermanos Una vez que se conoció la muerte de Julio Jotallán, la Dirección de Protección de Derechos, cuyo objeto fundamental es la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, dio intervención al OAL de Godoy Cruz, que decidió una medida de protección para los hermanos de la víctima, Carina (11), Michael Ariel (8), Angelina (5), Thiago (2) y Ramiro (1), ya que la madre de los menores (Amanda Heredia) cursa el final de su séptimo embarazo. Permanecerán bajo el cuidado y la protección de Héctor Salidor, un sobrino del progenitor (Ariel Jotallán), quien brindará los cuidados básicos a los niños. Los padres, en tanto, se comprometen a garantizar que los chicos  continúen concurriendo al establecimiento educativo, a realizar un tratamiento en el Programa Provincial Materno Infantil del centro de salud Nº4 junto con sus hijos y todas las acciones que resulten necesarias para brindarles contención y apoyo. La pregunta¿Cómo se puede pasar por alto una situación grave? Para María de los Ángeles Díaz, se pueden evitar hechos así con la coordinación de todos los efectores. Si el Plan Estratégico detecta una situación, la deriva. Acerca de la responsabilidad de otras áreas del Gobierno “Hay que trabajar mucho para que cada uno haga lo que le corresponde y que se pueda llegar a la toma de una medida cuando sea necesaria”, opinó la directora de Protección de Derechos de la DINAF, María de los Ángeles  Díaz, refiriéndose a otras áreas del Gobierno, como la Línea 102 y el Ministerio de Seguridad, que podrían haber recibido denuncias por la situación de calle de los chicos. “En esa esquina había una cámara de seguridad,  cómo puede ser que no los vieron nunca”, preguntó la funcionaria. “La toma de una medida no se puede hacer en función de que una familia tenga escasos recursos”, cerró María Díaz. 

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