Dada vuelta como una media. Así estaba la Municipalidad de Lavalle, tras pasar por allí la fiscal que investiga la causa por asociación ilícita, extorsión y coacción contra la líder y los referentes de Mendoza de la Tupac Amaru, luego de permanecer más de 10 horas con un equipo de la Fiscalía, buscando pruebas en expedientes y archivos digitales.
El operativo, técnicamente llamando Procedimiento de Registración fue ordenado por la fiscal de Las Heras-Lavalle, Gabriela Chávez, quien marcha a toda máquina con el fin de estrechar el cerco contra Nelly Rojas, jefa mendocina de la Tupac y detenida junto a su marido y sus hijas desde el viernes pasado. Este miércoles la mujer declaraba ante la Fiscalía a las 15.
La seguidilla de detenciones no paró. El martes fue el turno de Ángel Rojas, hermano de Nelly, quien quedó preso, mientras sus sobrinas con hijos en edad de amamantar eran enviadas a prisión domiciliaria.
En tanto, el defensor de Rojas y su familia, el penalista Alfredo Guevara, reclamaba a la Justicia de Garantías por medio de un hábeas corpus, que se dejara sin efecto la detención del hermano de Nelly aduciendo que "es ilegal" y denunciando penalmente a la fiscal Chávez por el delito de privación ilegítima de la libertad.
Mientras la defensa contratacaba, la Fiscalía no aflojó su ritmo y amplió ayer las imputaciones por asociación ilícita y otros delitos a una decena de referentes de las distintas cooperativas de viviendas que construían casas con la Tupac, tal cual lo confirmó el defensor de Nelly Rojas.
La novedad causaba impacto porque la fiscal salía del círculo familiar con acusaciones penales hacia los miembros de la estructura de la organización que nivel nacional siempre lideró Milagro Sala, presa en Jujuy.
Hasta la PC del intendente
Ni la computadora del jefe comunal de Lavalle Roberto Righi se salvó de la mira de la Fiscalía.
La máquina del intendente junto con la del secretario de Obras y otras dos con información importante para el municipio fueron precintadas y anoche la comuna negociaba si la Fiscalía las secuestraba o no.
La fiscal Chávez no tiene sospechas sobre el intendente Righi ni tampoco sobre funcionarios del departamento del norte de Mendoza.
El operativo, según trascendió ayer no era contra ellos sino con el fin de recolectar la documentación y datos pertinentes a las distintas operatorias de viviendas que la Tupac Amaru tramitó en Lavalle.
La razón de que la Municipalidad haya sido el blanco de este megaprocedimiento es porque intermediaba en el trámite para los fondos que iban a la Tupac para construir.
El intendente Roberto Righi lo explicó a Diario UNO: "La Tupac gestionaba los fondos en la Nación, que se los enviaba al Instituto Provincial de la Vivienda, el IPV al municipio y nosotros les íbamos pagando a las cooperativas que integraban la Tupac, de acuerdo con los avances de obra".
El jefe comunal no se mostró molesto con la medida. Al contrario: defendió ponerse a disposición como lo había expresado el propio Partido Justicialista mendocino 24 horas antes, del que él es su actual vicepresidente.
"La fiscal vino a informarnos del procedimiento y le abrimos las puertas del municipio para que vea lo que quiera. Estamos a disposición de la Justicia y ya hemos dicho que descreemos totalmente de que todo esto se trate de una persecución política".
Lo único que Roberto Righi rogó fue que no le llevaran las computadoras: "Hay que atender mucha gente a diario, tenemos todo sistematizado y esas computadoras tienen información importante. Si se las llevan nos cortan las manos", afirmó el intendente.
En cuanto al rol de la comuna en la operatoria de viviendas de la Tupac Amaru, Righi precisó que "nosotros no decidíamos a quiénes se adjudicaba las casas. Eso lo hacía la organización que nos enviaba el listado. Nosotros revisábamos que cumplieran con los requisitos y luego lo reenviábamos al IPV, que era el que finalmente adjudicaba las casas".
La actividad judicial en el edificio comunal arrancó el martes a las 13.
El secretario de Gobierno de Lavalle, Gerardo Vaquer, detalló a Diario UNO que "la fiscal pidió y revisó documentación de las reparticiones de Tesorería, Hacienda, Compras, Vivienda, Catastro y Obras. Todo el municipio, relacionado obviamente con la Tupac. Además copiaron todos los datos del servidor de la comuna".
La filtración en la Justicia
Uno de los condimentos inesperados que tuvo la causa de la Tupac Amaru es que cuando la fiscal Gabriela Chávez estaba pidiendo una serie de allanamientos en el Sexto Juzgado de Garantías para ir a detener a Nelly Rojas, la líder de la Tupac se presentó para su sorpresa espontáneamente y con su abogado.
La fiscal quedó convencida de que se había filtrado el dato de los allanamientos contra la Tupac, única explicación que ensayó para entender por qué Rojas se le había presentado si no sabía de los procedimientos.
Chávez entonces denunció al personal del Sexto Juzgado de Garantías por la filtración, y solicitó al juez que oportunamente subrogara el apartamiento inmediato del tribunal.
El juez subrogante Carlos Parma, aceptó ayer el pedido de apartamiento del tribunal solicitado por la fiscal Chávez argumentando que en la investigación penal de la Tupac tenía que imperar la tranquilidad y la transparencia del proceso.
Pero además, también se expresó sobre la competencia y señaló en su resolución que el juzgado que debe intervenir es el Segundo de Garantías.
En el tercero de Garantías, mientras tanto, la jueza Alejandra Mauricio deberá resolver si la detención de Ángel Rojas, el hermano de Nelly, es ilegal o no.
La magistrada solicitó ayer una serie de informes pero como ha quedado pendiente alguna documentación es probable que la resolución del pedido del abogado de la familia Rojas quede resuelto recién el lunes, atento a la Semana Santa.
El defensor Alfredo Guevara, quien además de penalista es un activo militante kirchnerista, no ha dudado en calificar la detención de Nelly Rojas y su familia como una persecución política.
Y ha anticipado que "esta causa se cae" porque, asevera, "no hay pruebas para sostenerla".
