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También quiere limitar algunos beneficios, como el cobro de la antigüedad que se acumula a partir de los 65 años. Hay proyectos que perseguían el mismo objetivo y duermen en la Legislatura desde hace varios años.

Francisco Pérez se lanza de lleno a controlar al Poder Judicial

Francisco Pérez se lanza de lleno a controlar al Poder Judicial

Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar

Una serie de delitos de gran repercusión pública y los correspondientes pases de factura de la sociedad a la gestión del gobernador Francisco Pérez hicieron que éste se enojara –y mucho– con el Poder Judicial. Es que, según dijo, los funcionarios judiciales (fiscales, jueces y ministros de la Suprema Corte) no contribuyen a la agilidad en la resolución de los casos.

Así, Pérez pondrá en marcha un combo de proyectos legislativos para controlar al Poder Judicial y limitar sus beneficios. Quiere reflotar una iniciativa para limitar el cobro de la antigüedad cuando los jueces cumplan 65 años y también busca discutir un proyecto de la gestión de Celso Jaque que llevaría a los magistrados a realizarse controles psicofísicos y también de productividad en forma periódica. Los legisladores de la Bicameral de Seguridad serán los encargados de escuchar sus intenciones, pero también le llevarán propuestas. Entre ellas, el debate de una ley para colocarles sanciones intermedias a los magistrados sin llegar a la destitución. Qué opinan los legisladores Es difícil saber qué piensan los legisladores acerca de la Justicia y los controles que hacia ella debe ejercer el poder del que forman parte. Los motivos son diversos. En primer lugar, porque muchos comparten la profesión de abogados con los magistrados y en algún momento podrían volver a litigar y encontrarse en un aprieto. También, por amistad o cercanía política. En definitiva, no es fácil que se presenten leyes o se sancionen proyectos que apunten a controlar a la Justicia. Sin embargo, hay algunas excepciones. Entre otros legisladores especialistas en temas jurídicos, el peronista Fernando Simón y el radical Juan Carlos Jaliff se mostraron a favor de ejercer controles pero con un límite: la posibilidad de que sean considerados inconstitucionales. En particular, el proyecto para que los jueces deban rendir exámenes periódicos no ya psicofísicos, sino técnicos. Esto, porque –según explicaron– el artículo 151 de la Constitución de Mendoza deja establecido que los magistrados serán inamovibles de sus cargos mientras dure su buena conducta y gozarán de una compensación pecuniaria que no podrá disminuírseles. La misma afirmación realizó el diputado demócrata Aldo Vinci. En la actualidad está en vigencia la ley Nº7.192, que solicita la realización de evaluaciones psicofísicas pero sólo para los que aspiran a ocupar un cargo de jerarquía en el Poder Judicial y no alcanza a los que ya los están cumpliendo. De todas maneras, la norma no está reglamentada, aunque se puede poner en vigencia por una acordada de la Corte y por una modificación en el reglamento interno del Consejo de la Magistratura. La única manera de destituir a estos funcionarios judiciales es a través del Jury de Enjuiciamiento. Pero no hay posibilidad de imponer sanciones intermedias para casos de mal desempeño que no sean motivo de destitución. Por eso, Jaliff y Simón presentaron un proyecto de ley que apunta a modificar la ley provincial Nº4.970, que regula el proceso de Jury. Esta iniciativa busca que el tribunal del Jury pueda apercibir o suspender a un magistrado y no directamente destituirlo. Esta decisión podrá apelarse ante la Suprema Corte de Justicia. Las claves de la estrategia Limitar la antigüedad. Enviado por el Ejecutivo cuando el supremo Mario Adaro era ministro, tiene sanción del Senado desde febrero del 2010. A los 65 años limita el cobro del 2,6% por año de antigüedad, que se vuelve acumulativo. En el Senado hay otro plan, del senador Fernando Simón, que baja el porcentaje y sube adicionales por capacitación. Evaluación técnica. Este proyecto de ley ingresó en el Senado provincial en mayo del 2009, también elaborado por la gestión de Mario Adaro. Nunca se discutió en la Casa de las Leyes. Su aplicación podría atentar contra el artículo 151 de la Constitución de Mendoza. Sanciones intermediarias. Es un proyecto de los senadores Juan Carlos Jaliff y Fernando Simón. Propone modificar algunos artículos del Jury de Enjuiciamiento, para, entre otros aspectos, introducir sanciones intermedias ante faltas de funcionarios que no ameriten directamente la destitución.

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