Mendoza Miércoles, 29 de agosto de 2018

En Malargüe prohíben a los médicos hacer abortos no punibles

El Concejo Deliberante de Malargüe, sorprendió a toda Mendoza y el país al aprobar una ordenanza en el que se declara oficialmente contra cualquier tipo de aborto y a favor de las dos vidas, la de la madre y la del niño por nacer. Pero más polémico aun, la disposición prevé la remoción en sus cargos de los médicos que practiquen una interrupción no punible del embarazo.

La normativa municipal fue fogoneada por grupos Pro-Vida de San Rafael y Malargüe y va, aunque suene extraño, contra el propio Código Penal de la Nación, en el cual, si bien se califica como delito la práctica del aborto y prevé penas de prisión, establece claramente que "el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:

1° Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

2° Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto".

La ordenanza, en cambio, en su artículo 13 dispone: "Actuación de los profesionales: Impulsa el espíritu de esta Ordenanza la convicción de que el aborto no es una solución para la mujer, sino que constituye una grave lesión a su salud física y psicológica. Es por ello que los profesionales intervinientes no podrán atentar contra los principios enunciados en el Capítulo I, induciendo a la realización de una práctica abortiva, siendo ésta una causal de remoción del cargo que desempeña".

El Capítulo I se refiere a los "derechos de la mujer embarazada y de los niños por nacer" y establece en el artículo 3: "Derecho a la vida: el niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como el primer derecho humano, sin el cual ningún otro es concebible, por lo que no puede quedar a merced de persona alguna".

"Dignidad y salud: tanto la madre como el niño por nacer tienen derecho a no ser sometidos a procedimientos que puedan afectar su dignidad e integridad personales, que el municipio les reconoce en tanto personas humanas".

La polémica está lanzada.

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