Por Cecilia Osorio
osorio.cecilia@diariouno.net.ar
Legisladores de la oposición quieren citar al ministro de Desarrollo Social, Cristian Bassin, para que explique cómo actuó la Dirección de Protección de Derechos, de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), y sus Órganos Administrativo Locales (OAL), en el caso de Julio Jotallán (4). Buscan determinar qué cantidad, calidad de operadores y personal tiene el organismo, además de “si existe una coordinación oportuna con la Justicia de familia de la provincia y las distintas instituciones que faciliten el proceso de reinserción familiar y social de los niños y niñas con derechos vulnerados”. Esta acción se suma a la investigación administrativa interna en la DINAF que pidió la semana pasada el ministro Bassin.
Después de que el sábado 2 de agosto Julio murió atropellado por un vehículo en el Corredor del Oeste y Paraná, mientras mendigaba con una hermana, UNO reveló la existencia de informes previos que mostraban que esas estrategias de calle eran frecuentes entre este niño y sus pares, y que fueron detectadas por operadores de DINAF, a pesar de lo cual no prosperaron medidas para protegerlos.
En muchos de sus puntos el caso es similar al de Luciana Rodríguez, cuya muerte se produjo en enero y evidenció la ineficiencia existente en las áreas que deben responder por los menores: después de que la niña falleció
por maltrato, se conoció más una veintena de denuncias que habían llegado a distintos organismos por el estado de desprotección en el que se encontraba.
Se abre así de nuevo el debate sobre los inconvenientes del sistema que se creó a partir de la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que sacó de la órbita de la Justicia y dejó en manos del Estado la responsabilidad de garantizar los derechos de los menores.
Falla el sistema
“Es necesario que se suministre información a esta Honorable Cámara acerca de la labor desarrollada en la tarea de proteger, promover y restituir derechos vulnerados de los niños en situación de calle”, expresa el pedido de informes que firmó la senadora radical Milagros Suárez (UCR), que añade al requerimiento “informar si se realizan y en qué consisten las estrategias de abordaje y seguimiento”.
Fue el Plan Estratégico de Acción para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle, que pertenece a la Dirección de Protección de DINAF, el que detectó el 29 de marzo a Ariel Jotallán Heredia (8) y a su primo Rodrigo Heredia (10) en la intersección de Paraná y Corredor del Oeste, en donde les pedían monedas a los autos que se detenían en el semáforo. La misma calle donde casi cinco meses después, Julio Jotallán (4) perdió la vida cuando realizaba una actividad similar.
Desde la citada dependencia de DINAF, María de los Ángeles Díaz argumentó que “la información de los chicos captados en esa esquina no les llegó, y que distintos efectores que forman parte de la red de atención no detectaron el riesgo, como la escuela o el Municipio”.
Desde la Municipalidad de Godoy Cruz, la directora de Desarrollo Social, Marcela Fernández, confirmó que a la familia Jotallán Heredia se la asistía con bolsones de comida y algunos materiales de construcción, y aclaró: “El contacto era esporádico, la última vez que estuvieron los padres aquí fue el 24 de julio. De ninguna manera contamos con los medios para detectar la vulneración de derechos de los niños o riesgos a los que están expuestos en lo cotidiano, no tenemos esos recursos que en cambio sí tiene el Gobierno provincial”.
Fernández opinó que “el sistema de protección tiene fallas y una de ellas es la coordinación, porque la información que se produce en los distintos efectores muchas veces se pierde sin producir las decisiones pertinentes para proteger a los niños y niñas”.
Si por ejemplo hubo denuncias por la situación de Julio o sus hermanos en la línea de niñez 102 o en el 911 de Seguridad, éstas no llegaron o no fueron tomadas en cuenta por el organismo responsable de velar por los chicos.
Según demuestran los informes, el Plan Estratégico hizo las derivaciones pertinentes, entonces “¿quién falló? ¿El plan o el OAL?”, como se le preguntó a Díaz, quien respondió: “Que los menores hayan estado pidiendo monedas puede haber sido eventual, si los hubieran detectado de nuevo mendigando como estrategia de supervivencia, ahí sí cabría una intervención del OAL”.
Dos finales que duelen mucho
►Luciana Rodríguez (3)
Llegó en la madrugada del 7 de enero a la clínica Santa María sin signos vitales. Fue víctima de maltrato. Había más de 20 denuncias en distintos organismos que acreditaban la violencia y desprotección que padecía desde sus primeros meses de vida.
►Julio Jotallán (4)
Fue atropellado por un vehículo cuando se soltó de la mano de su hermana de 11 años. Estaban allí mendigando y, según la DINAF, no había información sobre su permanencia en el lugar. Dos informes realizados por operadores de un plan para chicos en situación de calle, que dependen de esa área, demostraron que en marzo captaron a un hermano y un primo de Julio en una situación similar.
►Los cambios tras el crimen de Luciana
Desde enero se sumaron entre 5 y 6 personas al Órgano Administrativo Local. Se reforzó en Junín, La Paz, San Carlos y Malargüe; el único sin cobertura es Rivadavia.
►500 situaciones por mes atiende el OAL, activadas por denuncias que llegan a la línea de niñez 102, al 911 y a las escuelas y municipios, entre otros efectores.