Diez policías fueron sancionados por la tragedia de la ruta 7

También tras la investigación, determinaron abrir un nuevo sumario para tres uniformados más que podrían tener algún tipo de responsabilidad, pero que no fueron investigados en la primera etapa. Estas personas tendrían cargos jerárquicos dentro de la fuerza.

Durante seis meses, la IGS realizó la instrucción, es decir, juntó pruebas, testimonios y todo el material necesario para poder llegar a una conclusión. Así, se conformó un expediente de alrededor de 2.300 fojas.

Ayer, tras una reunión de más de tres horas, el directorio en pleno de la IGS ratificó y firmó las sugerencias que ya se habían hecho para los 13 imputados. De los siete que quedaron cesantes, cuatro son efectivos del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), dos pertenecen a la Comisaría 25 de San José, Guaymallén, y uno es de la Policía Vial.

Los que recibieron los 60 días de suspensión –la segunda sanción en nivel de gravedad– pertenecen uno al CEO y dos son de la 25ª.

Los tres que fueron sobreseídos son del CEO, de la parte de video. “Está demostrado que el recorrido del camión –ocasionó la tragedia– no está en las cámaras. Yo los vi personalmente”, dijo Mariana Herrero, presidenta del directorio.

Fue el instructor de la causa, Federico Carretero, quien sugirió las sanciones que luego todos los miembros del directorio –compuesto por una presidenta y tres vocales– refrendaron.

Según explicó Diego Arenas, uno de los directores vocales, ahora cada uno de los sancionados tendrá la posibilidad de alegar y defenderse. En última instancia, cuando todo el proceso haya concluido, será la Junta de Disciplina de la fuerza la que decidirá si aplica las suspensiones, mientras que el Ministro de Seguridad tendrá la decisión final sobre las cesantías. Por lo tanto, seguirán en la misma situación hasta que el Ejecutivo decida, porque la IGS no tiene la facultad de aplicar las penas.

“Es la primera vez después de muchos años que hemos tenido un expediente tan complejo. Fueron seis meses de investigación”, opinó Herrera.

La investigación siguió dos líneas por las cuales se llegó estas medidas. Una fue la conducción peligrosa del camión, que ya era motivo suficiente para intervenir, y la otra fue la falta de controles. Los uniformados involucrados tuvieron falencias o faltas en alguno de estos puntos.

“Es un expediente que se realizó con dedicación y rigurosidad. Hay que tener en cuenta que están en juego carreras policiales. La fuerza tiene que recibir el mensaje de que no hay que aceptar la falta de actitud para trabajar como policías. Cada vez que un uniformado está con el celular mientras está trabajando, está cometiendo una falta”, opinó Leopoldo Orquín, otro de los vocales de la presidencia de la IGS.

“Ha sido un trabajo muy minucioso y detallado: hubo que analizar desde distintos puntos de vista y desde distintos lugares. Todos los miembros llegamos a los acuerdos necesarios”, comentó Arenas.

Una vez que se termine todo el proceso, cuando ya hayan concluido los alegatos de los imputados y el Ejecutivo haya decidido si acompañar o no a las sanciones sugeridas por la IGS, estos pedirán una reunión con el Ministerio de Seguridad. “Hay una serie de conclusiones y sugerencias que les vamos a hacer llegar sobre el funcionamiento del 911”, señaló Arenas.

La vía judicialLa de la IGS es una de las vías de investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos en el accidente de la ruta 7, que ocurrió el 7 de febrero cuando un camión que circulaba en contramano embistió de frente a un colectivo que venía desde Córdoba. Producto del choque murieron 16 personas.

La otra vía sobre el accionar policial es la que lleva adelante el fiscal Santiago Garay, quien concluiría con la instrucción la semana que viene y de acuerdo con las pruebas reunidas, es muy probable que modifique algunas imputaciones y reafirme otras ya existentes. Son seis los uniformados involucrados, todos por el delito de omisión de los deberes del oficio, que supone la pena de inhabilitación y multa.