ver más

Una iniciativa del PJ pide modificar la ley 7.722 para facilitar aquellos emprendimientos frenados desde 2009 y favorecer la llegada de nuevos inversores. Los antiminería adelantaron su rechazo, de ser aprobada.

Desde el Sur piden modificar la ley que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la actividad minera

Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar

Un proyecto del diputado peronista José Muñoz busca modificar la ley que prohíbe la exploración y explotación de minería metalífera (7.722) para favorecer tres emprendimientos mineros frenados en Malargüe: Huemul, Cerro Amarillo y Don Sixto. La iniciativa recibió el apoyo del intendente de Malargüe, Juan Antonio Agulles, y de otros funcionarios y empresarios de la zona.

Los artículos de la ley original que se quieren cambiar son el 1º, 3º, 4º y 5º y, básicamente, lo que se pide es limitar la prohibición de sustancias contaminantes como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, en lugar de hacer extensiva esta negativa a todo el territorio provincial, la modificación quiere acotarla a los cursos de agua y a un radio de 10 kilómetros de cualquier distrito urbano municipal. Además, busca que los municipios recuperen autonomía con respecto a la Legislatura en cuanto a la aprobación de cada etapa de los desarrollos mineros, porque, según Agulles, hoy no la tienen.

Los defensores de la ley antiminería, que han llevado la bandera de la prohibición de la contaminación desde que se aprobó la ley en el 2007, prometen que continuarán en esta postura y que de prosperar la flexibilización de la 7.722, habrá conflictos sociales importantes. Así lo dejó de claro el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (Frente Renovador), uno de los autores de la ley.

A favor del cambioEn su paso por Mendoza, Agulles se mostró como un férreo defensor de los cambios en la ley. “Hay que ver qué matriz productiva queremos para la provincia. Malargüe es el principal productor de recursos hidrocarburíferos, pero no puede aprovecharlos”, sentenció. Aseguró que los cambios que se proponen con este proyecto, no modifican el espíritu de la ley. “Sólo le dan un marco institucional que hoy no tiene y la adecuan al Código de Minería de la Nación. Hoy la ley tiene más de 10 pedidos de inconstitucionalidad y si no se modifica, el Estado deberá enfrentar una catarata de juicios”, dijo el intendente sureño.

Tanto él como Muñoz defendieron los cambios, asegurando que el texto modificado respeta las autonomías municipales y las realidades sociales de cada región y motivará la llegada de inversores. “Hay que dejar de lado las posturas extremas. Mendoza está perdiendo protagonismo con respecto a otras provincias en materia de explotación de hidrocarburos. Se pierden miles de puestos de trabajo. Considero que la peor contaminación es la que produce una persona que no tiene trabajo”, soltó Agulles.

También se quejó de las innumerables trabas que provoca el hecho de que en cada proyecto minero se deba pedir reiteradas ratificaciones legislativas y dijo que esto amedrenta a los inversores. “Hubo un problema con la exploración del proyecto Huemul que nos hizo perder a los inversores, porque se cansaron y se fueron. El emprendimiento estaba en fase de exploración, pero los permisos se trabaron en Legislatura y allí están desde 2009”.

El presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Lisandro Jaeggi, señaló que existe una gran incertidumbre de los inversores respecto de las condiciones que se ponen en la provincia para explorar y explotar minería.

Defensores de la normaEn las antípodas de este pensamiento, se ubican los defensores de la 7.722, como se ha declarado el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, quien pronosticó: “Si el proyecto prospera, habrá un conflicto social sin precedentes”. Esto si el PJ consigue adhesiones legislativas para sus cambios. Además, hizo un llamado de atención al gobernador Francisco Pérez, recordándole que cuando estaba en campaña, prometió que no favorecería proyectos de megaminería contaminante.

“Cómo le va a explicar esto a la gente”, apuntó. “Es contradictorio hacer este planteo en medio de la emergencia hídrica que vive Mendoza. Quisiera saber cómo harán para conseguir los millones de litros de agua que necesitan los emprendimientos mineros, se la sacarán al consumo de la población o al riego agrícola?”, se preguntó.

Pilar Castilla, de la Asamblea de Alvear, afirmó que van a reaccionar las organizaciones populares si el proyecto prospera y añadió que la ley no puede modificarse mientras esté cuestionada en la Suprema Corte. Acerca de este punto, dijo que están esperando que se llame a audiencia pública, como el máximo tribunal de la Justicia local hará con los casos de mayor conflictividad social, como es el de la minería.

MÁS LEÍDAS