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Son cuatro e integran los fueros provincial y federal. Llevarán un diagnóstico al Gobierno y a legisladores acerca de los casos de robos en viviendas y de narcotráfico.

Cumbre de los jueces sanrafaelinos por el aumento del delito

Cumbre de los jueces sanrafaelinos por el aumento del delito

Javier Martínjmartin@diariouno.net.ar

Los tres jueces de instrucción y su par del fuero federal de este departamento se reunieron para analizar y buscar soluciones a la problemática de los delitos contra la vida, la propiedad y del narcotráfico, que ganan espacio en la sociedad sureña.

Quienes participaron en el cónclave, sin antecedentes en la región ya que reunió a magistrados de diversa competencia para investigar, fueron Eduardo Puigdéngolas (federal) y los titulares de los tres juzgados de instrucción: Paula Arana, Pablo Peñasco y Gabriel Ravagnani. Los jueces coincidieron en lo positivo que resultó la convocatoria y establecieron los pasos a seguir para el futuro, entre los que se destaca que transmitirán tanto al gobierno como a los legisladores sus pareceres para entablar un diálogo entre todos y que las autoridades competentes tomen las medidas oportunas. Los constantes robos a viviendas, con familias adentro o no, los homicidios y la incursión de la droga – hace muchos años ya– fue lo que llevó a que los magistrados quieran aunar esfuerzos para comprometerse frente al delito. “A nadie escapa que los delitos contra la vida y la propiedad (provinciales) sumados a la estrecha relación que tienen con el narcotráfico (federal) justifican una interrelación entre los jueces provinciales y el federal”, señalaron los partícipes de la reunión. Puigdéngolas, que estuvo con jefes de distintas áreas en Malargüe y en breve lo hará en Alvear, dijo: “Los cuatro jueces estamos orientados en una misma línea jurisprudencial en muchos temas que verdaderamente importan a los ciudadanos”. El magistrado federal prefirió no opinar respecto a la falta de recursos y personal que afecta a las fuerzas de seguridad o al traslado a otros sitios de integrantes de alguna fuerza. Respecto de la droga, el magistrado dejó  claro que en sus cuatro años al frente del Juzgado Federal ha fijado jurisprudencia en el sentido de denegar el beneficio de las excarcelaciones, teniendo en cuenta criterios técnicos y jurídicos que en general han sido  confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones. El exceso de excarcelaciones es un problema que afecta también a la Justicia provincial, donde algunos jueces ven cómo en distintas instancias de apelaciones quedan  sin efecto sus decisiones de no conceder la libertad en determinadas circunstancias y casos. Puigdéngolas señaló que observan importantes resultados en cuanto a la cantidad de detenidos por tráfico de droga y que “el narcotráfico existe desde hace décadas, pero diversos y complejos factores han desbordado a las  sociedades”. Es importante que exista también compromiso de padres, instituciones y demás organismos, señaló. Se destacó a la línea Fonodroga como ejemplo de compromiso, porque allí respondiendo un simple cuestionario anónimo los ciudadanos pueden dar datos de la venta de droga. La lucha contra la droga en el Sur tuvo un  capítulo histórico cuando fueron quemados 1.300 kilos de marihuana hallados en Bowen en 2013. El expediente judicial por Sierra Pintada, aún en trámite Con relación al proyecto de modificación de la ley 7722 de minería, el juez federal Eduardo Puigdéngolas ratificó su posición de continuar con el plan de trabajo de remediación de pasivos existentes, lo cual es el objetivo de  las causas que lleva adelante en el juzgado. Avances A su entender, ya se han visto resultados satisfactorios en la adecuación de las instalaciones para la recomposición de los residuos dejados cuando se cerró la mina (en 1995) en la época en que era más barato importarlo  que producirlo. Sobre esta causa judicial, ahora se han pedido informes sobre el estado del trámite de impacto ambiental que se presentaría en la Dirección de Ambiente de la provincia, del que por el momento no hay respuesta. En el  expediente aún rige la cautelar dictada y luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no posibilita una reapertura hasta tanto se remedien los pasivos ambientales.

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