Mendoza Miércoles, 31 de enero de 2018

Cóndores muertos: podrían liberar a los dos imputados

Es porque la legislación vigente en Mendoza incluye penas desde los 6 meses hasta los 3 años por depredación

Matanza. Los cuerpos de los animales fueron hallados por personas que paseaban por el lugar.

La investigación por la matanza de 34 cóndores y otros animales en la localidad de Los Molles (Malargüe) llevó a la detención de dos puesteros que al parecer fueron los responsables de suministrar carbofurano a los animales, un agrotóxico muy riesgoso para los seres vivos.

Los imputados son Nibaldo Baigorria, quien cumple prisión preventiva domiciliaria desde inmediatamente descubierto el hecho, y Ramón Navarro Rojas, quien estuvo prófugo y se entregó el lunes a la Justicia.

La carátula de la investigación es la de "daño agravado por uso de sustancia venenosa e infracción a la Ley de Fauna" por depredación de fauna silvestre mediante medio prohibido. El punto es que, según explicaron autoridades judiciales, la depredación de la fauna silvestre está castigada y su penalización expresada en el capítulo II de la ley 22.421: "La pena será de cuatro meses a tres años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años cuando el hecho se cometiere de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación", pero su castigo es leve.

Por lo tanto, difícilmente los puesteros imputados queden detenidos por mucho tiempo.

Sin embargo, se está analizando la posibilidad de convertir en ley, en breve, el proyecto sobre agroquímicos que por el momento se encuentra con media sanción en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

Desde el Poder Judicial aseguraron que sin una nueva legislación no hay posibilidades de que el castigo sea mayor.

Un nuevo procesado

Cuando se apresó a Baigorria, después del hallazgo de los cadáveres de los cóndores, se supo que posiblemente hubiera un segundo implicado y hasta se dio a conocer su apellido. Pero nada se sabía de él hasta el lunes en la tarde, cuando se entregó en la Fiscalía de Instrucción y en lo Penal de Menores de Malargüe Ramón Rojas, de 67 años de edad. El hombre se presentó en compañía de su abogada.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 24ª de Malargüe y en pleno uso de sus derechos se negó a declarar y quedó detenido en calidad de coautor. Sin embargo, su abogada presentó un certificado médico que avala que Rojas sufre ataques de pánico, por lo que se está a la expectativa de que se le permita la prisión domiciliaria.

Rojas quedó involucrado porque es quien marcó las orejas de los animales que se utilizaron como cebo para envenenar a los depredadores del ganado que ellos custodian a diario.

Esto ocurrió en un camino por el cual Rojas pasa diariamente cuando traslada a sus animales desde El Sosneado hasta Valle Hermoso.

La investigación continuó ayer con la extracción de información de dos teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Habrá que esperar para saber si los datos que arroje ese peritaje -realizado por la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (Udapif)- son relevantes o no aportan grandes avances a la resolución del caso.

A punto de ser ley

En la primera sesión que se lleve adelante en la Cámara de Diputados, el miércoles 7 de febrero, se discutirá el proyecto de ley del ex senador Sergio Moralejo (UCR) que recibió media sanción del Senado.

La iniciativa quedó varada en la Comisión de Economía de la Cámara Baja, que dirige Gustavo Majstruk (PJ).

El proyecto tiene como finalidad regular sustancias para el uso agrícola. Si se convierte en ley, servirá para registrar si los productos son de origen natural o de síntesis, si se fabrican en el país o se importan y también la utilización y la eliminación de desechos o residuos y la aplicación de nuevas tecnologías menos contaminantes.

Cuando ocurrió la matanza de los cóndores, Diario UNO consultó con el titular del Iscamén, Alejandro Molero, quien explicó que si el proyecto obtiene sanción definitiva también contemplaría un aspecto más que importante: la trazabilidad, es decir el camino que recorrió el agroquímico desde el lugar de venta hasta el de la utilización.

"Un profesional tendrá que hacerle una receta al productor que va a adquirir estos agroquímicos y esa receta queda archivada, por lo cual hay trazabilidad de quién recetó el agroquímico, quién lo compró, en qué fecha y quién lo vendió", manifestó el funcionario.

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