El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo anunció hace dos semana que iban a "rematar" las casas del Instituto Provincial de la Vivienda que estaban con deuda. Ante la novedad, se desató una gran cantidad de consultas y el titular del IPV salió a explicar con detalle cuál es la situación de cada propiedad y cómo acceder a las mismas.
Damián Salamone manifestó que el accionar responde a un ordenamiento que están implementando desde que asumieron en la gestión, cuyo principal punto es ir contra la morosidad y la tenencia irregular.
Ante las consultas recibidas y la inquietud de la gente para saber "cómo se puede participar por el remate de casas", aclaró que hay muchos casos en distintos estados pero que a grandes rasgos hay dos grandes situaciones. Puntualizó que cada una responde a operatorias y procedimientos diferentes.
El primer caso, son las casas que están escrituradas, donde el Instituto Provincial de la Vivienda ya no tiene dominio pero si tiene en su poder una hipoteca. Salamone explicó que no existe la posibilidad de recuperar la vivienda pero si pueden recuperar el crédito.
"En estos casos va al remate público que ya no depende de nosotros, lo que sí, es que podemos ser parte de este procedimiento como acreedor", señaló.
El segundo caso, son las casas no escrituradas, es decir, aquellas viviendas en las que se dio una tenencia precaria o permiso de ocupación pero son de dominio del IPV.
"Cuando se agotaron todas las vías para regularizar la situación del adjudicatario, desde el instituto pedimos la desadjudicación y hasta allí llega nuestro accionar", dijo Salamone.
Detalló que es la Justicia la que procede al desalojo, para que luego esa casa sea readjudicada. Expresó que una vez rescatada la vivienda, son entregadas de acuerdo a un análisis que hace la comuna en donde está ubicada cada casa en cuestión.
Explicó que no es que hay una base de datos donde la gente se postula sino que se analizan a las familias que están en los listados de los municipios a la espera de nuevos proyectos. Puntualizó que se prioriza atendiendo a los casos con máxima vulnerabilidad social.
"Son análisis sociales que la comuna realiza de acuerdo a los lineamientos existentes en las resoluciones del IPV", dijo.
Se evalúa si hay algún miembro de la familia con discapacidad, cantidad de hijos, ingresos, distancia de los padres al trabajo, distancia de los chicos a la escuela, horario de cada integrante, si la vivienda está en zona rural o urbana.
"Se analiza cada situación y se selecciona. Por ejemplo, puede que haya una familia con un puntaje frio pero tienen un hijo a la espera de un trasplante o una operación importante que no le pueden hacer porque no tiene donde hacer postoperatorio ya que la casa donde reside es precaria", indicó.
"En este caso se te va al carajo cualquier tipo de puntaje, es caso prioritario y se terminó", añadió.
Indicó que a medida que rescaten cada vivienda, se va a trabajar de manera integral y se definirá en conjunto para que "esa casa" le sirva a la familia y no la complique.
Poniendo orden
El funcionario resaltó que el punto más flojo es la morosidad y las ocupaciones irregulares.
En este último caso, especificó que se han encontrado con usurpaciones, ocupaciones clandestinas, negociados de alquileres, el no uso de las viviendas o un uso que no sea el de habitarla.
"Son situaciones que el IPV no avala y no va a avalar", sentenció.
"No podemos tener una cuota en UVA, obras cortas y licitaciones activas y no prestarle atención a la morosidad y tenencia irregular", aseveró.
Sin embargo, aclaró que para llegar al remate o readjudicación se pasa por un largo proceso en donde prima que la gente no pierda su casa y se trata de agotar las instancias para que se regularicen.
"Siempre se le da la última oportunidad de negociar la deuda", manifestó.
"No es que sos moroso y te vas al otro día", concluyó.
Requisitos
- Conformar un grupo familiar. (En caso de personas solas mayores de 35 años, sujeto a evaluación)
- El/los titulares deberán ser mayores de edad (más de 18 años), menores emancipados y/o autorización judicial.
- No ser ni haber sido adjudicatarios del IPV.
- No ser beneficiario de créditos del Banco Hipotecario Nacional o de otros provenientes del Estado, como PROCREAR.
- No ser propietario de bienes raíces.
- No deben estar incluidos en el registro de deudores alimentarios.
- Ser argentino (nativo o nacionalizado) o extranjero legalmente radicado con una antigüedad de radicación mínima de 5 (cinco) años en la Provincia y documento nacional de identidad emitido en la República Argentina.
