Por Sara Gonzálezgonzalez.sara@diariouno.net.ar
En menos de una semana, el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, plantearon que si el Gobierno de Mendoza no consigue la posibilidad de obtener financiamiento para cubrir el rojo de las cuentas públicas provinciales, correría riesgo el pago de los sueldos de los estatales, al menos, en el caso de los más altos.
Costa sostuvo el domingo en el programa Séptimo Día, que se emite por Canal 7, que Mendoza necesita tomar deuda por $1.300 millones para enfrentar los gastos de 2014, entre ellos, el pago de los salarios, una de las erogaciones más importantes que tiene el Estado provincial. Días antes, Pérez había planteado un escenario similar. Para los gremios que representan a los estatales, la afirmación es “mentirosa” y corresponde a “una extorsión”. Así la definió Raquel Blas, la titular de ATE, que descree de la afirmación que hicieron Costa y Pérez. En el mismo sentido, se expresaron el titular del gremio de los judiciales, Carlos Ordóñez; el secretario del SUTE, Adrián Mateluna, y el secretario de la CTA en Mendoza, Gustavo Correa. Para Blas es “falso” que el Estado no tenga los recursos para pagar los sueldos, “lo dicen sólo con el fin de extorsionar a la oposición, fundamentalmente a la UCR, para que les destrabe la posibilidad de endeudarse, que les ha negado desde que se comenzó a discutir el Presupuesto 2104 a fines del año pasado”. Aunque, “si el Gobierno insiste con esa postura tendremos que salir a la calle y protestar, no nos quedará otra opción”, amenazó la gremialista. La semana pasada había sido el gobernador el que advirtió de que: “Seguiremos buscando el diálogo político, en primera instancia, y también con la determinación de que lo que hoy está judicializado es algo que tiene que resolver la política en la Legislatura. No obstante, vamos a acatar cualquier decisión de la Justicia y hay que ir avanzando en paralelo, porque los días se suceden y las urgencias presupuestarias las seguimos teniendo”, dijo Paco y llegó la pregunta inevitable acerca de si el Estado está en condiciones de afrontar el pago de los salarios. “El pago de los sueldos en sí mismo no corre riesgo, pero sí puede haber una mora, sobre todo de las escalas salariales principales, de los funcionarios en primer lugar y de los legisladores”, lanzó el mandatario. El domingo por la noche fue Costa el que volvió sobre el tema. “El pago de los sueldos públicos está vinculado a la necesidad de financiamiento que tiene la Provincia. Necesitamos tomar $1.300 millones”, reiteró el ministro. Para la representante gremial, “tanto el oficialismo como la oposición están haciendo su juego político, pero en el medio quedan los estatales”. “No le creemos al Gobierno cuando dice que no tiene los recursos. Nosotros sabemos que hay fondos”, remarcó. Ordóñez también descree de las afirmaciones del Gobierno. “Sostengo que están ejerciendo presión sobre la oposición para que les autorice el endeudamiento y sobre la Justicia para que resuelva el pedido de inconstitucionalidad en favor del Gobierno. Creo, además, que si el Gobierno persiste en este planteo desencadenará un plan de lucha por parte de todos los gremios estatales porque la situación sería gravísima”, detalló el dirigente. En términos similares se expresó Correa y dijo: “Nosotros no vamos a ser la variable de ajuste de los peronistas y los radicales. La discusión que mantienen es partidaria, yo diría que casi es personal. Se ha adelantado un proceso electoral que debería darse en 2015 y ahora quieren que el hilo se corte por lo más fino. Si siguen así, nos van a encontrar en la calle”. A su turno Mateluna completó: “Ellos, como funcionarios públicos, tienen la responsabilidad de pagar los sueldos de los estatales. Es muy simple, es pura lógica. Si dicen que los recursos no les alcanzan deberán hacer los ajustes que crean convenientes para cumplir con la responsabilidad que tienen”. Una disputa política que llegó hasta la Justicia local El problema de fondo viene desde fines del año pasado cuando el oficialismo envió a la Legislatura un Presupuesto para 2014 con un pedido de autorización de endeudamiento por $1.700 millones. La oposición, fundamentalmente la UCR, se negó férreamente a apoyar el pedido, a tal punto que el gobierno de Paco Pérez arrancó el año sin pauta de gastos aprobada, situación que no pasaba desde hacía muchos años. La tensión entre el oficialismo y la oposición, lejos de calmarse, siguió en pie porque el oficialismo consiguió aprobar una modificación a la Ley de Contabilidad para poder tomar financiamiento salteando el obstáculo de la Ley de Presupuesto. Pero la UCR contraatacó y presentó una denuncia en la Justicia por considerar que la reforma es inconstitucional. Ahora es la Suprema Corte la que deberá resolver el planteo de inconstitucionalidad que presentó la UCR frente a la modificación de la Ley de Contabilidad que propuso el Ejecutivo para gobernar sin Presupuesto. $1.300 millones es el financiamiento que necesita la Provincia para poder cubrir los gastos del 2014, entre ellos, el pago de los salarios a los empleados públicos. Panorama Advertencia. El gobernador Francisco Pérez dijo que habrá mora en los pagos a los sueldos de los funcionarios más altos si el Gobierno no puede endeudarse este año. Pelea. El conflicto por el tema del endeudamiento ha llegado hasta la Suprema Corte de Mendoza porque la oposición tildó de inconstitucional la modificación de la Ley de Contabilidad para poder gobernar sin el Presupuesto.
►"El pago de los sueldos públicos está vinculado a la necesidad de financiamiento que tiene la Provincia. Necesitamos tomar $1.300 millones” (Marcelo Costa, ministro de Hacienda).
►"Sostengo que están ejerciendo presión sobre la oposición para que les apruebe el endeudamiento y sobre la Justicia...” (Carlos Ordóñez, titular del gremio de los Judiciales)
►"Nosotros no vamos a ser la variable de ajuste de los peronistas y los radicales. Se ha adelantado un proceso electoral que debería darse en 2015” (Gustavo Correa, secretario de la CTA en Mendoza).
►"Si dicen que los recursos no les alcanzan, deberían hacer los ajustes que crean convenientes y cumplir con la responsabilidad que tienen” (Adrián Mateluna, secretario del SUTE).
