Doctor en Ciencias Jurídicas y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat, Abel Albarracín es desde hace 8 años, director de Asuntos Administrativas de la Fiscalía de Estado. Pero desde el 18 de mayo, con la partida del fiscal adjunto, Javier Fernández, el letrado fue designado como Fiscal de Estado interino, función que cumplirá cuando el titular de ese órgano, Fernando Simón, deba ausentarse temporalmente por fuerza mayor.
Entrevistado por Diario UNO, Albarracín no sólo dio detalles sobre su función cuando le toque remplazar al fiscal de Estado, Fernando Simón.
También se animó a opinar sobre la coyuntura, puntualmente la nominación a la Suprema Corte del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, anunciada por el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.
Sin falsos discursos ni prejuicios políticos, Abel Albarracín, elogió la candidatura de Garay, descartó que sea un dato negativo su nominación por ser miembro del Gobierno provincial y aseveró algo que muchos piensan pero pocos dicen: que la Corte no es un órgano sólo jurídico sino político.
"Hay distintas posiciones sobre esto de que un hombre del Gobierno vaya a la Corte. Para algunos hace ruido y años atrás era muy mal visto", arrancó Albarracín.
Pero luego destacó: "Creo que el hecho de que algún ministro de la Corte tenga perfil político no es una cuestión negativa porque la Suprema Corte de Justicia tiene un perfil jurídico pero también político, en el sentido de acompañar las grandes políticas del Estado".
Lo dicho por el funcionario no es una afirmación menor en el mundo del Derecho local. Pocos se animan a opinar en este sentido salvo en conversaciones privadas.
El debate es añejo en los tribunales y también en el mundo de la política. Están los que opinan que los miembros de la Suprema Corte deben ser hombres del derecho sin vinculaciones ni preferencias políticas y que deben estar distanciados de ese mundo para fallar según la ley.
Otra corriente afirma que los supremos son un cuerpo no sólo jurídico sino que también toma decisiones políticas, las que muchas veces van en consonancia con lo que demanda un gobierno y otras, con lo que reclama la ciudadanía.
Un buen ejemplo de un fallo jurídico-político fue la constitucionalidad de la Ley Antiminera 7.722 que prohíbe la minería a cielo abierto.
Esta postura sobre la doble naturaleza de la Corte, es sin embargo poco expresada en ámbitos formales.
Albarracín la postuló ayer sin miedos, convencido de que así está construido el Estado de Derecho.
Argumentó sobre la postulación a la Corte de Garay: "Que sea un ministro del Gobierno o un funcionario político no lo inhibe ni lo descalifica".
Y puso como ejemplo a la propia Fiscalía de Estado de la que es parte: "Ocurrió con la llegada del doctor Fernando Simón (ex legislador del Partido Justicialista) como nuevo Fiscal de Estado. Cumplió y sigue cumpliendo muy bien su cargo independientemente de su pasado político, que tampoco es algo negativo".
Albarracín, remarcó que "lo importante es saber el rol que se ocupa en la estancia que uno tiene en el Estado. En un momento uno tiene un perfil político, pero cuando toca un cargo distinto, hay que ejercerlo de acuerdo con los mandatos constitucionales. Hay que saber independizarse y lograr la imparcialidad suficiente para poder ejercerlo en forma correcta", precisó.
Flores para el candidato
Ensalzó la postulación del ministro Dalmiro Garay, hecha por el gobernador Alfredo Cornejo.
"Indiscutiblemente es una persona que tiene el perfil académico jurídico como para ocupar un cargo en la Suprema Corte. Garay es una persona muy versada y personalmente lo respeto muchísimo".
También reconoció en el supremo saliente, Alejandro Pérez Hualde a "un reconocido especialista en Derecho Administrativo y un gran profesional".
Interinato para periodos cortos
Desaparecida la figura de fiscal adjunto, Abel Albarracín tendrá el rol de remplazar en sus funciones al fiscal de Estado, Fernando Simón, cuando este no esté presente por un tiempo determinado.
El letrado explicó: "Esta subrogancia para la que fui designado como fiscal interino se ejerce desde la Dirección de Asuntos Administrativos de la que soy titular, de modo temporal, ante situaciones específicas y no implica la generación de otro cargo ni de nuevas estructuras".
Señaló que se ha pensado "para remplazos por periodos breves" y remarcó que esa responsabilidad no le permite ni lo faculta al momento en que se vea en la tarea de resolver como fiscal de Estado interino, a tomar decisiones por su cuenta.
"Este puesto no da autonomía a quien esté en la tarea de decidir, cuya función es cumplir con las instrucciones que da el fiscal de Estado, quien por un breve periodo no está presente. Hay, en ese sentido, una compatibilización de las decisiones que se tomen", explicó.
Por otra parte, Albarracín señaló que aunque se haya creado una Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que realizará tareas que hasta ahora hacía la Fiscalía de Estado, explicó que "la derogación de la Ley 4.418 no impide que la Fiscalía siga entendiendo en estas cuestiones".
"Así será -continuó- cuando esté en juego o afectado el patrimonio estatal o los intereses del fisco, como lo determina el artículo 177 de la Constitución Provincial. Es decir que si bien la competencia fue trasladada a esta nueva oficina creada por la ley 8.993, la Fiscalía de Estado puede seguir interviniendo en algunas cuestiones que vinculan por un lado el accionar de los agentes públicos pero que pueden tener impacto directo sobre las competencias que tiene la Fiscalía".
