Por Enrique Pfaab.
pfaab.enrique@diariouno.ner.ar
El 30 de este mes se dictará la sentencia en el segundo juicio por el crimen de José Luis Bolognezi. Así lo fijó el Tribunal que ayer completó la incorporación de pruebas al expediente y que resolvió que la gran mayoría de las escuchas telefónicas que se efectuaron en la investigación del caso fueron ilegales.
Sólo consideró válida la intervención que se realizó en el teléfono del ex policía Orlando Funes, que actualmente está detenido por falso testimonio y tráfico de influencias.
El miércoles 25 el fiscal Fernando Guzzo realizará su alegato, el jueves 26 será el turno de los abogados de la fundación Kumex, que representa a la querella, y el viernes 27 alegarán el defensor de Abdo Girala, Juan Carlos Ruiz, y la defensora de Carlos Metralleta Pérez, Alejandra Ruiz.
La mayor expectativa sobre los argumentos de las partes está puesta en los que dará el fiscal Guzzo, especialmente si con los elementos que hay en el expediente y se escucharon durante el debate decidirá acusar a los dos imputados.
Hasta aquí, tanto Guzzo como su antecesor Mariano Carabajal, mostraron tener serias dudas y parecieron llevar el caso hacia una absolución, al menos por el beneficio de la duda. Lo que es indudable es que la Fiscalía será muy dura sobre lo actuado por la Justicia y la Policía, y seguramente realizará una gran cantidad de compulsas para que se investiguen esas irregularidades y deficiencias.
Esto, en base a la jurisprudencia, privaría de jurisdicción al Tribunal para analizar el caso y dictar sentencia. Sin embargo, lo más probable es que, aún así, los tres jueces decidan dar su fallo y fijar sus posturas individuales.
En cambio, la querella pedirá condena para los acusados y, obviamente, las defensas solicitarán la absolución lisa y llana, pero también cargarán culpas sobre los funcionarios que actuaron en la causa.
Ayer el Tribunal, tal como lo había pedido en su momento el fiscal Mariano Carabajal, declaró nulas, por ilegales, las escuchas telefónicas, ya que no había elementos que las justificaran y el juez interviniente no fundamentó esas medidas.