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Se trabó la causa penal por fraude contra el juez de los $4,5 millones

Dos jueces penalistas se declararon incompetentes para juzgar a Antonio Sánchez Rey junto a tres abogados; todos están imputados; decidirá la Corte

Dos jueces se declararon incompetentes para decidir si el juez laboralista Antonio Sánchez Rey -suspendido por el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño- cometió el delito de fraude contra el Estado cuando intentó cobrar $4,5 millones por un accidente laboral.

El conflicto de competencia entre los jueces Miriam Nuñez (Juzgado Penal 2) y Fernando Martínez (Juzgado Penal 1) deberá ser resuelto por los miembros de la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia sin fecha límite a la vista.

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El juez Sánchez Rey no es el único imputado en esta causa: en la misma situación están su hijo, el abogado Diego Sánchez Azcona, y otros dos letrados.

¿Yo señor? No, señor

Para este lunes a las 11 estaba programada la audiencia durante la cual la jueza Nuñez debía decidir si el juez y los tres abogados eran sobreseídos por la duda, como solicitó el fiscal Hernán Ríos Ruiz al finalizar la investigación preliminar, o los declaraba culpables.

Sin embargo, un rato antes, la magistrada se declaró incompetente para resolver bajo el argumento de que esa causa debía ser juzgada por su colega Martínez. Este magistrado ya había intervenido: semanas atrás había recibido la causa y tras declararse incompetente para resolver y se la mandó a la colega Nuñez.

Ambos tuvieron el mismo motivo para desentenderse: las fechas de algunas actuaciones que son parte del expediente determinan que la responsabilidad es de Martínez, pero las fechas de otras actuaciones imponen que pase a manos de Nuñez.

La versión de la fiscalía

El fiscal Ríos Ruiz abrió una investigación penal a raíz de la denuncia presentada en su despacho por la Superintendencia de ART, que puso bajo sospecha la legalidad del acuerdo indemnizatorio entre Sánchez Rey y la ART que prestaba servicios a la administración pública provincial.

Hubo imputaciones e incautación de computadoras y documentación en dos estudios de abogados.

Ríos Ruiz les atribuyó el delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial en la modalidad de estafa genérica en grado de tentativa, es decir que no llegó a concretarse.

Hasta el lunes, la última palabra la tenía la jueza Nuñez. Antes la había tenido el juez Martínez. En breve será decisión de la Suprema Corte quién juzga al juez y a los tres abogados.