Los miembros del Jury de Enjuiciamiento deciden este jueves si el juez laboralista Antonio Sánchez Rey debe ser destituido del cargo al que accedió hace casi 30 años, como pidió la Procuración General a cargo de la acusación por mal desempeño.

O si lo sanciona con una determinada cantidad de meses de suspensión sin cobrar el sueldo.

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JURY DE ENJUICIAMIENTO AL MAGISTRADO SANCHEZ REY - TERCERA JORNADA

O si, en el mejor de los escenarios posibles para él, le dicta el sobreseimiento y automáticamente lo repone en su sillón de la Quinta Cámara del Trabajo de la Justicia de Mendoza.

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El juicio político fue conducido desde los tribunales por Omar Palermo. Al lado, Teresa Day. De espaldas, los defensores del juez Sánchez Rey y los representantes de la querella y la Procuración General. El resto de los juzgadores estaba conectado por la pantalla.

El juicio político fue conducido desde los tribunales por Omar Palermo. Al lado, Teresa Day. De espaldas, los defensores del juez Sánchez Rey y los representantes de la querella y la Procuración General. El resto de los juzgadores estaba conectado por la pantalla.

Termina el juicio político contra este magistrado de 79 años, que no se presentó a ninguna de las audiencias semipresenciales y cuyo desempeño pasó desapercibido durante muchos años para el gran público. Hasta que en 2018 acordó con la ART Provincia, que cubre la salud laboral del personal del Estado, que cobraría $4,5 millones de indemnización por un accidente laboral y la popularidad del magistrado saltó por los aires.

De Sánchez Rey empezó a hablarse más aun cuando el Gobierno de Alfredo Cornejo y la Superintendencia de ART lo denunciaron en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y pidieron que fuera sometido a juicio político bajo sospechas de fraude y de que había presionado a dos magistrados (Viviana Gil y Rolando Consolini), que eran compañeros suyos en el tribunal, para que validaran ese convenio con la ART.

Todo comenzó cuando el usía, que trabaja en ese puesto desde los 90, acordó con la ART Provincia cobrar una indemnización de $4,5 millones por un accidente laboral sufrido en 2017. El pedido era por haberse lastimado una mano con un portón del estacionamiento del Poder Judicial.

De hecho, Cornejo le rechazó la renuncia cuando el usía presentó la dimisión para esquivar el juicio de destitución que culmina este jueves.

Juzgado en ausencia

Lo dicho: Sánchez Rey no asistió a la sala de audiencias donde desde el 5 de noviembre y durante cuatro jornadas se ventilaron la acusación a cargo de la Procuración General representada por Gonzalo Nazar y la querella particular representada por Adrián Armesto.

Para ambos, el juez cometió mal desempeño y desorden de conducta porque "fue juez y parte en una causa que lo iba a beneficiar directamente, como el convenio con la ART por $4,5 millones en su favor" y "porque presionó a colegas de su propio tribunal".

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Gonzalo Nazar representó a la parte acusadora; Adrián Armesto a la querella particular.

Gonzalo Nazar representó a la parte acusadora; Adrián Armesto a la querella particular.

La defensa, que estuvo a cargo del abogado Efraín Quevedo Mendoza hijo con los aportes del hijo del juez: Diego Sánchez Azcona.

Ambos plantearon que el juicio político debía ser declarado nulo porque el juez estaba ausente y porque la modalidad virtual no está prevista en la ley 4970 de Jury. Sin embargo, esos planteos fueron bochados y el proceso avanzó.

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Efraín Quevedo Mendoza hijo y Diego Sánchez Azcona, hijo del juez acusado, ejercieron la defensa técnica y pidieron la nulidad del juicio político.

Efraín Quevedo Mendoza hijo y Diego Sánchez Azcona, hijo del juez acusado, ejercieron la defensa técnica y pidieron la nulidad del juicio político.

Hace una semana, al cierre de los alegatos, Omar Palermo, presidente del Jury de Enjuiciamiento en este caso -el titular Dalmiro Garay no participó porque Sánchez Rey lo recusó- fijó un cuarto intermedio hasta las 9 de este jueves.

De acuerdo a los pasos procesales y a lo programado, el juicio político se reanudará con un momento que puede ser clave o no. Sánchez Rey tendrá la última posibilidad de decir lo que quiera en su defensa. Podrá hacerlo de modo virtual o presencial.

¿Qué hará el magistrado? ¿Se presentará ante los 21 juzgadores entre supremos, diputados y senadores para defenderse?

Es un verdadero misterio porque Sánchez Rey no asistió a ninguna de las audiencias por trastornos de ansiedad y estrés asociados a la situación que atraviesa, según quedó expuesto en el expediente a través de un certificado médico, lo que luego ventiló en la audiencia su abogado, Quevedo Mendoza hijo.

Cumplido este paso procesal, técnicamente denominado "las últimas palabras del acusado antes de que los jueces dicten sentencia", el juicio político habrá terminado y los integrantes del Jury se reunirán a través de la virtualidad para arribar a un fallo.

El caso

Sánchez Rey, de 77 años, fue denunciado por el Gobierno de Mendoza por desorden de conducta. Todo comenzó cuando el usía, que trabaja en ese puesto desde los 90, acordó con la ART Provincia cobrar una indemnización de $4,5 millones por un accidente laboral sufrido en 2017.

Ese acuerdo fue validado por la Quinta Cámara del Trabajo, de la cual Sánchez Rey forma parte. El magistrado está sospechado de haber promovido a través de presiones, que los demás jueces del tribunal (Viviana Gil y Rolando Consolini) lo beneficiaran aprobando el cuantioso acuerdo resarcitorio. La explosión jurídico y política se agravó cuando la SRT denunció los términos del acuerdo entre el juez y la ART en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.