El fiscal departamental, Javier Giaroli, había solicitado en sus alegatos que la condena fuera a 5 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación.
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Más allá de eso, los jueces encontraron probado que Fajardo engañó y se quedó con importantes sumas de dinero que dos familias disponían para comprar una propiedad.
El primero de los hecho ocurrió en los últimos días de 2018 cuando el abogado se comunicó con un hombre y le ofreció comprar una casa ubicada en calle Bandera de los Andes, en San Rafael. El letrado explicó que corría con la ventaja de que el titular del inmueble tenía una enfermedad terminal, no tenía descendientes que hereden la propiedad y supuestamente Fajardo tenía un poder para realizar la transacción.
La víctima terminó cayendo en la trampa muy rápidamente ya que era 28 de diciembre, se acercaba la feria judicial de enero y el estafador le dijo que había que realizar la operación en forma urgente antes de ese plazo, ante la inminente muerte del supuesto dueño.
El comprador terminó entregando ese mismo día una suma de 15 mil dólares pero la transacción nunca se concretó. Estuvo varios años reclamando la devolución del dinero pero siempre escuchaba excusas por parte de Fajardo, como que iba a pedir los dólares a un amigo de Estados Unidos o que estaba esperando que le liquiden un plazo fijo.
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De forma similar, en los últimos días del 2020 convenció a un matrimonio de comprar la misma propiedad a cambió de un millón y medio de pesos. Fajardo sabía que las víctimas tenían una suma de dinero que pertenecía a su nieto. El niño de 8 años había recibido 750 mil pesos como indemnización por la muerte de su madre en un accidente vial. Los abuelos, que tenían la tutela del menor, querían comprarle una casa para garantizar su futuro.
El pacto fue entregar los 750 mil pesos en efectivo y el resto en 10 cuotas de $75 mil. Alcanzaron a pagar media docena de cuotas cuando notaron que el trámite no avanzaba y decidieron realizar la denuncia penal contra el abogado Ignacio Fajardo.
El letrado es relativamente conocido en el Sur provincial por haber llevado adelante algunas causas penales de importancia, como lo fue la defensa de Rodrigo Galán (26), un rugbier que fue condenado a 9 años de cárcel por asesinar de un botellazo a un menor de 17 años en un boliche de San Rafael; y la de Juan Carlos Bravo, que fue sentenciado a 12 años como uno de los partícipes del robo donde terminó siendo asesinada la panadera Roxana Toledo el 16 de abril de 2015.
