En un operativo federal que refuerza su política migratoria, Estados Unidos arrestó en mayo a 1.461 inmigrantes en situación irregular en Massachusetts. La operación, llamada “Patriot”, fue liderada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y se centró en delitos relacionados con “la delincuencia organizada transnacional y las bandas criminales”.
En Boston, ICE detuvo a 1.461 inmigrantes con antecedentes en operativos
ICE detuvo a 1.461 inmigrantes en Boston, muchos con antecedentes penales. Estados Unidos refuerza su política de seguridad y deportación
Boston confirmó los arrestos
Durante una conferencia de prensa en Boston, el director en funciones de ICE, Todd Lyons, confirmó los arrestos: “En los últimos treinta días, hemos detenido a casi 1.500 extranjeros ilegales. Este esfuerzo demuestra nuestro compromiso con la seguridad pública y nacional”.
Patricia Hyde, directora interina de la Oficina de Campo de Operaciones de Cumplimiento y Deportación de Boston, señaló que la mayoría de los detenidos tenían antecedentes penales “significativos” tanto en Estados Unidos como en sus países de origen.
Entre ellos hay personas acusadas de asesinato, violación, tráfico de drogas, abuso sexual infantil y pertenencia a bandas violentas. Además de sus delitos, todos estaban violando las leyes migratorias del país.
Las autoridades indicaron que los arrestados serán expulsados de Estados Unidos, y que 277 de ellos ya tenían una orden previa de deportación emitida por un juez de inmigración. Lyons agregó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará “combatiendo a los criminales y a las organizaciones transnacionales que amenazan nuestras comunidades y explotan a los más vulnerables”.
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Contexto de tensión migratoria
El anuncio se da apenas dos días después del arresto de Marcelo Gomes, un joven de 18 años detenido por las autoridades migratorias. Gomes emigró desde Brasil a Estados Unidos cuando tenía cinco años y vivía en Massachusetts. Su familia reclama información sobre su paradero, mientras la gobernadora Maura Healey exige respuestas al gobierno federal.
Este operativo ocurre en un contexto de tensión migratoria, justo cuando el Tribunal Supremo anuló una orden que bloqueaba al gobierno de Joe Biden de revertir el “parole humanitario”. La medida había sido otorgada por la administración demócrata para permitir el ingreso temporal de ciertos inmigrantes.



