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La pugna entre el gobierno de Maduro y un fortalecido Parlamento opositor complica la salida de la grave situación.

En Venezuela se agudiza la crisis institucional y crece la tensión

Por UNO

La escalada del conflicto entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y un fortalecido Parlamento opositor adentra a Venezuela en una crisis institucional, que complica aún más la solución de la grave crisis económica y profundiza la polarización del país.

Diputados chavistas pidieron ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declare nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, por considerar que cometió desacato al juramentar el miércoles a tres legisladores opositores, cuya proclamación había suspendido el órgano judicial al admitir una impugnación del oficialismo.

"Si el Poder Legislativo está en desacato, al margen de la Constitución y del Poder Judicial, aquí lo que cabe es hacer caso omiso de las decisiones que tomen en este circo que han montado. Estamos ante un Parlamento ilegal y por tanto sus decisiones son ilegales, nulas", advirtió el diputado Pedro Carreño en la sede del TSJ al presentar la demanda.

En abierto desafío al TSJ, al que la oposición acusa de servir al chavismo, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reivindicó con esa juramentación la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre, enterrando casi 17 años de dominio chavista en el Congreso.

"Nosotros no hemos incurrido en desacato, quienes incurren en de-sacato es quien desacata la voluntad popular recientemente después de las elecciones", refutó el presidente parlamentario Henry Ramos Allup, un curtido diputado y acérrimo antichavista de 72 años.

Carreño también fustigó que la mayoritaria bancada de la MUD creara una comisión para revisar el nombramiento de 34 magistrados del TSJ, hecho por los oficialistas poco antes de dejar el control legislativo.

Colisión frontal

El martes, en la instalación del Legislativo, Ramos Allup planteó la hoja de ruta de la MUD: presentar en un plazo máximo de seis meses una vía legal para cambiar el gobierno, aprobar pronto reformas económicas y una amnistía para presos políticos, por la cual abogó la jerarquía de la Iglesia Católica.

"El conflicto es inevitable. Dicen que nos dan seis meses de vida. Para un golpe de Estado se necesitan cojones. Vamos a ver si los tienen", afirmó el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, quien también retó a la MUD a aprobar la amnistía: ¿Quién les va a soltar a los presos?, cuestionó.

En lo que el oficialismo recibió como un "claro acto de provocación", Ramos Allup ordenó retirar del palacio legislativo todos los cuadros e imágenes del fallecido líder socialista Hugo Chávez, tras lo cual Maduro expresó su indignación y llamó a rebelarse contra esas "manifestaciones neofascistas".

Como desagravio, el gobierno anunció que llenará los espacios públicos de Caracas con imágenes de Chávez.

La Iglesia Católica pide una amnistía para presos políticos

La Iglesia Católica en Venezuela abogó ayer por una amnistía para "presos políticos" y exiliados, que impulsa la oposición, y dijo que la instalación del nuevo Parlamento de mayoría opositora constituye un rechazo al despotismo y a la corrupción.

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, confió en que la Asamblea Legislativa "tomará medidas que contribuyan a la distensión y la reconciliación, como será la amnistía para los presos políticos y la vuelta de los exiliados".

Al instalar la asamblea anual de la CEV, el clérigo señaló además que las elecciones del 6 de diciembre y la juramentación de los diputados el martes son "un contundente rechazo del sistema representado por el despotismo, militarismo, arbitrariedad y corrupción que se autotitula socialismo del siglo XXI", aludiendo a la corriente que identifica al chavismo.

Ante el nuncio apostólico, Aldo Giordano, y el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, el obispo afirmó que los cambios económicos son "responsabilidad del gobierno" y dijo esperar que la Asamblea Nacional aporte leyes que corrijan las políticas en esa materia y castiguen la corrupción.

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