Editorial Viernes, 5 de octubre de 2018

Carlos Saúl: laxitud y plazos razonables

El fallo de Casación Penal tuvo fuerte repercusión en los pasillos de Tribunales Federales y del Congreso de la Nación.

La laxitud de los tiempos argumentó el "plazo razonable" para que una sentencia perdiera firmeza, para que el Estado de derecho entre en un peligroso manoseo.

La judicialización de la política y la politización de la Justicia parece ser una constante sin freno en la Argentina en tiempos donde la falta de independencia de poderes aumenta la falta de credibilidad y confianza en un país que busca salir de la crisis, o por lo menos no profundizarla ni sumar otras.

Ayer el ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem fue absuelto por la Cámara Federal de Casación Penal en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

El senador nacional por La Rioja había sido condenado a siete años de prisión por el caso, pero nunca llegó a estar firme la sentencia. El fallo podría estar sujeto a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en caso de que el fiscal realice una apelación, lo que se sabrá en unos días y seguro generará un nuevo capítulo en la novela judicial de quien gobernó el país entre 1989 y 1999.

La resolución de Casación repercutió en los pasillos de Tribunales Federales y también en los del Congreso, ya que las causas contra la también senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tienen un correlato, sobre todo por los pedidos de desafuero y la opinión que han vertido varios senadores nacionales sobre la necesidad de un fallo firme para que se ponga en debate la posibilidad de desaforar a uno de sus pares.

La venta ilegal de armas fue la primera sentencia contra Carlos Menem, ya que en diciembre de 2015 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios, decisión que está pendiente de revisión en la Sala II de Casación.

La decisión judicial fue fuertemente criticada, entre otros, por la diputada Elisa Carrió momentos después de que impulsara un juicio político contra el ministro de Justicia de su propio gobierno, Germán Garavano, e hiciera un fuerte reclamo al presidente Mauricio Macri contra algunos funcionarios, generando un nuevo frente de conflicto, de desconfianzas y de chicanas.

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