La crisis que atraviesa al sector vitivinícola ha generado una enorme preocupación entre los empresarios y para tratar de enfrentarla, los diputados del bloque del Partido Justicialista presentaron un proyecto de ley para que se se declare "la emergencia social y económica del sector" en todo el territorio de Mendoza.
Esto se produce un día antes de los anuncios para las economías regionales a realizarse este jueves en la Casa Rosada, en los que estarán presentes el presidente Mauricio Macri y el ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica, debido a que los bodegueros y productores aún no recibieron una propuesta del Fondo Anticíclico del Vino (FAV).
Más allá que desde el sector de la viticultura local no se atreven a afirmar que habrá cambios en el cuestionado tema de las retenciones, sí se espera una línea de crédito a tasa subsidiada con plazos más amplios, tanto para prefinanciar exportaciones como para cosecha, es el caso de la actividad vitivinícola.
Uno de los anuncios más importantes que esperan de Macri y Sica estaría relacionado con la rebaja de contribuciones patronales, lo que aliviaría en parte la situación de los empresarios.
La importante caída del consumo que se suma a la acumulación del stock calculado en 300 millones de litros de vino, plantea un panorama crítico, lo que se agudiza con el incremento en los costos de producción y la falta de competitividad frente a otros mercados.
Por eso, desde la Legislatura, los diputados del PJ se adelantaron en su intento por atacar la crisis vitivinícola, presentando un proyecto de ley, declarando la emergencia social y económica del sector.
A su vez, solicitan "autorizar al Poder Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias por un valor de $2 millones para "crear un fondo de promoción para las exportaciones de tintos varietales (granel y fraccionados) garantizando un precio base al productor primario superior al costo de producción, cuya forma de pago sea reajustable".
También plantean "implementar líneas de crédito a tasa cero, para todos los productores de hasta 30 hectáreas por productor y elaboradores que no estén en condiciones de asumir los costos de producción, acarreo y elaboración que garanticen la entrega de 60 litros por quintal al productor, o el pago de la uva a un precio superior al costo de producción".
En otro punto del artículo, piden "realizar un operativo que garantice a los productores primarios, la venta de uva asegurando la cobertura del costo de producción" y además "incrementar el subsidio de la energía eléctrica para riego agrícola".
En los siguientes artículos, solicitan "eximir de las cuotas de pagos devengadas definidas en el artículo 14 de la Ley 9.076 para el año 2018 y suspender las cuotas del año 2019 gestionando la devolución a productores que la hayan abonado"; "eximir a los productores vitícolas del pago de todos los impuestos provinciales durante el ejercicio fiscal del año 2019" y "condonar a los productores vitícolas la deuda de todos los impuestos provinciales hasta el ejercicio fiscal del año 2018".
