El consumo de lácteos es objeto de un debate con fervientes defensores y detractores, pero en la Argentina un dato está fuera de cualquier discusión: el precio de la leche no tiene relación con los costos de producirla. Ni con el mercado interno. Y esto pasa, básicamente, desde que un pequeño número de empresas controlan su comercialización.
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Enormes en su capacidad de imponer reglas de juego, pagan a los productores 17 pesos por el litro despachado a pie de tambo. Tras ser industrializada, la leche llega al supermercado con un precio que cuadruplica el original. Un sachet de primera marca cuesta 50 pesos; 75 si se compra un cartón, dice Página 12.
En respuesta a este fundamental problema vinculado a la seguridad alimentaria, técnicos del INTA, en alianza con investigadores de la Universidad de Buenos Aires, desarrollaron una ensachetadora con un mecanismo de pasteurización para volúmenes chicos.
Con la ensachetadora se busca aumentar los ingresos de los tambos familiares, o en otras palabras, que puedan zafar de malvender su producción.
La idea es, también, que en manos de pequeños productores y organizaciones sociales, las ensachetadoras abaraten el precio de la leche. El cálculo es que, del productor al consumidor, el precio puede bajar hasta un 40 por ciento.
Producir alimentos
El tema es parte del trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales desde el Gobierno, en este caso el nacional. El armado de las máquinas, -indica Página 12- así como su instalación y puesta en marcha, va a ser financiado por la secretaría de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“A principios de año, el INTA publicó esta propuesta en los medios. Recibió enseguida más de 150 consultas de pequeños y medianos productores”, reveló Eva Verde, militante del Frente Popular Darío Santillán y coordinadora del área de Mercados Solidarios en el ministerio.
De manera directa: Verde se dedica a pensar cómo vender los productos elaborados por la economía popular. Parte del intríngulis es sumarles valor agregado.
El ministerio hizo un relevamiento de las familias de productores para las que financiará las máquinas, cuya fabricación ya fue encargada a una Pyme de Concordia, Entre Ríos. Inicialmente van a ser armadas trece ensachetadoras, para seis provincias.
Estas máquinas las recibirán productores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (referenciado en Juan Grabois), y la Unión de Trabajadores de la Tierra; hay además una escuela agrotécnica e incluso algunas municipalidades, que coordinarán a productores locales para un uso compartido.
En total, son 96 familias. Una de las condiciones que debieron cumplir fue la paridad de género. Por eso en el listado de destinatarios el 53 por ciento son mujeres.
En líneas más generales, se trata de un paquete que busca darle apoyo a la producción popular de alimentos, una de las ramas definidas por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como generadora de trabajo asistido por el Estado.
Fuente: Página 12.
