La reestructuración del INV, con el recorte de funciones y pérdida de autarquía que decidió el gobierno nacional, lógicamente se hará sentir en un ajuste la planta de personal del ente que fiscaliza a la vitivinicultura.
Entre laboratoristas, inspectores y administrativos, el personal del INV suma 459 trabajadores.
Actualmente, 459 empleados se desempeñan en distintas áreas del organismo. El blanco de una "probable reestructuración", como admiten en Nación y también en algunos despachos provinciales.
El grueso de esa nómina se concentra en la sede central del INV en Mendoza. Y también se distribuye en 12 delegaciones ubicadas en distintos puntos del país.
Actualmente, el ente cuenta, además de Ciudad, con 2 sedes en la provincia: San Martín y San Rafael. Y fuera de ella, en San Juan, Chilecito (La Rioja), General Roca (Río Negro), Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Cafayate (Salta).
Conocido el decreto con los cambios en el INV al filo del feriado del 9 de julio, en muchos de quienes trabajan en el instituto crecía la expectativa sobre los efectos de la medida en su estabilidad laboral. Sobre todo ante el silencio de las autoridades.
Personal del INV, entre planta permanente y contratados
El que sí habló al respecto fue Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de la provincia, que hasta ahora ha sido parte del INV junto a otras productoras vitivinícolas.
"Es probable que haya una reestructuración del personal" admitió Vargas Arizu, además de reconocer que desde el gobierno nacional lo "consultaron" durante el proceso que derivó en el decreto desregulatorio del organismo. El ministro hizo estos comentarios en el programa "Séptimo Día", que va por Canal 7 todos los miércoles a partir de las 22.
Lo cierto es que entre los 459 trabajadores del organismo, un 75% tiene antigüedad. Y no pocos están cerca de la edad de jubilación. Eso abriría la posibilidad de un retiro anticipado, figura que el gobierno ha utilizado para "alivianar" estructuras estatales como ARCA (ex AFIP) y empresas "privatizables" como Banco Nación.
En cuanto al 25% restante, está compuesto mayormente por trabajadores contratados al menos en las últimas 2 gestiones de gobierno a partir del 2015.
Se trata de 110 contratos, una figura utilizada sobre todo en el área de los inspectores del organismo. Justamente, una de las que está más expuesta a la "motosierra" que se viene, a raíz de la menor fiscalización que la asigna el decreto.
Sin embargo, tampoco se esperan recortes a corto plazo. Es que, según trascendió, entre la reglamentación del decreto y su aplicación efectiva pueden pasar varios meses todavía.