Un escandaloso caso de estafas y usurpación de títulos sacudió al Departamento Judicial de San Martín, luego de que un hombre de 35 años fuera detenido bajo la acusación de ejercer la abogacía de manera ilegal y falsificar la firma de una magistrada.
El sospechoso, identificado como Lucas Rossi, fue capturado tras una investigación que dejó al descubierto un sofisticado mecanismo de engaño para captar clientes a través de plataformas digitales.
La trama comenzó cuando un vecino de la zona buscó asesoramiento legal mediante redes sociales para resolver conflictos familiares vinculados al régimen de visitas y el pago de la cuota alimentaria.
Tras contratar los servicios de Rossi, el cliente recibió documentación que supuestamente contaba con el aval judicial. Sin embargo, la maniobra se desmoronó cuando se detectó que los escritos presentados contenían sellos y firmas apócrifas pertenecientes a Lorena Martos, titular del Juzgado de Garantías número 2 de San Martín.
Ante la gravedad del hallazgo, la propia magistrada radicó la denuncia penal, lo que dio inicio a una pesquisa coordinada por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense.
Los efectivos no tardaron en confirmar que el supuesto profesional no contaba con la habilitación correspondiente ni con el título habilitante para litigar en la provincia de Buenos Aires.
Con las pruebas recolectadas, la justicia ordenó dos allanamientos en domicilios vinculados al imputado. Durante los operativos, los agentes secuestraron un teléfono celular, una computadora portátil, dos talonarios de recetarios médicos y, lo más llamativo, un total de doce sellos correspondientes a distintas profesiones, lo que sugiere que el alcance de sus actividades fraudulentas podría ser aún mayor.
Tras el procedimiento, Rossi quedó a disposición de la fiscal Verónica Andoniades, titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 8. La funcionaria judicial formuló cargos contra el detenido por el delito de falsificación de sellos oficiales y adulteración material de documentos, mientras se analiza si existen otras víctimas que hayan sido engañadas bajo la misma modalidad de servicios profesionales inexistentes.



