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sábado 15 de marzo de 2014

Las reformas penales del peronismo, una larga historia de impunidad

Con las modificaciones que quiere introducir el gobierno de Cristina, uno de cada tres presos recuperaría la libertad.

Corría 1973 y el 25 de mayo asumía Héctor José Cámpora como Presidente de la Nación. En esa fecha patria, militantes justicialistas ponían en marcha otro plan: la liberación de cientos de presos políticos y comunes que se encontraban alojados en todas los penitenciarías del país.

La cárcel de Villa Devoto fue escenario e ícono de aquel evento. Una multitud la rodeaba. A los militantes del PJ, que habían estado previamente en la Plaza de Mayo, se sumaron familiares de los detenidos, llegando a convocarse unas 30.000 personas lideradas por el entonces diputado nacional y miembro de Montoneros Juan Manual Abal Medina (padre), junto a varios diputados de distintos partidos políticos.

El gobierno, que recién asumía, promovía una amnistía que había prometido durante la campaña electoral. Los presos políticos habían comenzado a controlar la cárcel y Montoneros emplazó a las autoridades a que en 40 inutos dieran una definición. A las 21, Abal Medina anunció que la liberación sería esa misma noche. Luego de levantarse un acta donde constaba que los presos eran liberados “bajo responsabilidad” de los siete diputados  allí presentes, los beneficiados comenzaron a salir del penal junto con buena parte de los presos comunes que aprovecharon la confusión reinante.

Situaciones similares se vivieron también en algunas cárceles del interior del país. Héctor Cámpora, por su parte, convertía aquella acción de hecho en derecho. Así, firmó un decreto por el cual se indultaba a los liberados. Posteriormente se sancionaría la ley Nº20.508, que comprendía a los autores de delitos políticos así como “los cometidos con motivo o en ocasión de una huelga, un paro, ocupación de fábrica u otra medida de fuerza o  para servir a éstos”. La misma disponía que “en razón de la amnistía que se concede nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer ni obligado a soportar ninguna molestia”. Sin embargo, sobre los presos  comunes –también fugados– nadie dijo nada.

Por su parte, el PJ de hoy en día no sólo reivindica públicamente lo realizado durante el mandato de Héctor Cámpora, sino que también sostiene su gestión actual con la apoyatura de la organización La Cámpora. Es ese  mismo gobierno el que en estos días intenta colocar en la agenda legislativa una reforma del Código Penal que en una primera aproximación reduce la pena de varios delitos tanto en sus máximos como en sus mínimos.  Entre ellos, el homicidio agravado, que perdería su con dición de prisión perpetua; la violación, que pasa de veinte a dieciocho años cuando es agravada, y el robo agravado, que reduce en dos años su mínimo y en cinco el  máximo; disminuye además la pena de los delitos por siembra, cultivo, guarda, producción, elaboración y comercialización de estupefacientes, pasando la escala de cuatro a quince años a tres a diez años en sus extremos.

El anteproyecto además elimina la reincidencia, proponiendo que las “circunstancias personales anteriores al hecho sólo se computan si sirven como atenuantes de la pena, pero no como agravante”. Más allá de  cuestiones de técnica jurídica y legislativa específica, las que el ciudadano común no tiene por qué comprender (me refiero a la eliminación de la prisión perpetua y la reincidencia), considero que no es precisamente éste  el momento para replantear –y menos en estos términos– la reforma de nuestro código de fondo en materia penal. Tengamos en cuenta que, por estas modificaciones, uno de cada tres internos recuperaría la libertad.

Si bien la certidumbre de recibir una pena es uno de los medios más eficaces para disuadir a quien piensa cometer un delito, la rebaja de penas, así como la eliminación de la prisión perpetua y del incremento de la  sanción en concepto de reincidencia, posee el mismo estigma que en 1975, el generado con Héctor Cámpora: el de favorecer al delincuente y la impunidad.

Esta propuesta impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, en el intento de mostrarse como progresista, termina generando en la sociedad un sentimiento de vacío. Vacío en la búsqueda de justicia y seguridad, esa que exige y lamentablemente no percibe la ciudadanía. En el momento histórico que vivimos, recuperar la confianza en el Estado sería la medida más atinada que el Gobierno nacional podría generar.

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