Desde que ocurrió el asesinato del pequeño Lucio Dupuy hemos hablado en otras oportunidades de los casos de maltrato infantil en el país y en Mendoza para tratar de generar una alerta o toma de conciencia porque el problema de las infancias es de todos. Claramente los casos no han cesado pero debemos dejar de mirar para otro lado como vecinos, docentes, o en el rol que tengamos en la sociedad.
Análisis y opinión
Se aprobó la Ley Lucio: ya no nos podemos hacer los desentendidos ante los casos de maltrato y abuso infantil
El Senado de la Nación aprobó la iniciativa que surgió tras el asesinato del niño de 5 años de La Pampa por su madre y la pareja de ella. La norma crea el Plan Federal de Capacitación en derechos de las niñas, niños y adolescentes
El caso de Lucio Dupuy conmovió al país.
En este mismo espacio, decíamos en febrero, que en 2022 hubo 8.500 casos de maltrato en Mendoza detectados en la línea telefónica 102 y 2.342 en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.
Jéssica Benítez, la directora de Protección y Restitución de Derechos de Mendoza nos decía que en la mayoría de los casos detectados en 2022 fueron por maltrato físico y que casi en el 100% de las situaciones los maltratadores fueron los progenitores. Ante estas situaciones es difícil llamarles padre o madre.
Esta nueva ley pone el acento en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y la obligación de recibir y tramitar una denuncia por parte de los funcionarios públicos, de acuerdo con lo establecido por la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.
El objetivo de esta norma es la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de los chicos.
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Esta ley surgió como homenaje y para reparar la cadena de impericias y errores, tras la muerte de Lucio Dupuy, el niño de cinco años, asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa. Su madre, Magdalena Espósito Valenti fue sentenciada por homicidio triplemente calificado y su pareja, Abigail Páez, por homicidio doblemente calificado y por abuso sexual con acceso carnal.
El asesinato dejó al descubierto la falta de reacción del sistema educativo, de salud, judicial y de la propia comunidad. Si no hubiese existido desidia e indiferencia hoy, quizáZ, Lucio estaría con vida.
Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, relató en el programa Mediodía de Radio Nihuil, que esta ley llega tarde para su nieto, pero no así para miles y miles de chicos que están sufriendo todo tipo de vulneraciones.
Ramón contó que Lucio tuvo cinco entradas en tres hospitales distintos de la Ciudad de Santa Rosa por los golpes y heridas que recibía de su madre y la pareja de ella.
Rememorando cuándo empezó el calvario de Lucio, Ramón Dupuy, contó que la jueza se basó en siete falsas denuncias y consideró que el niño iba a estar mejor con la madre sin hacer un estudio socio ambiental, ni hacer preguntas en la comunidad.
“Lucio convivió con nosotros cuatro años. El último año fue el sufrimiento de Lucio, pero durante cuatro años fue feliz con nosotros. A mi nieto no le faltaba nada,era alegre, era amor, era ternura, cuando se fue con la progenitora ahí empezó la tortura de Lucio. Con la revocación de la tenencia de mi hijo mayor, esta jueza le entregó la muerte a Lucio”, sumó el abuelo.
“Nosotros estábamos a 147 kilómetros de Lucio, nos impidieron totalmente el contacto y estábamos en plena pandemia, no se podía viajar y nos negaban los permisos para ir a ver a Lucio. Por eso sucedió lo que sucedió. Si yo hubiese sospechado, hubiese visto alguna señal de que estaba siendo maltratado me hubiese ido caminando a buscarlo porque mi nieto era mi único varón y era los ojos de mi vida” afirmó con dolor Ramón, el abuelo de Lucio.
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Dupuy afirmó que para la progenitora y la pareja de ELLA obtener la tenencia de Lucio significaba una solución económica.
“Para ellas Lucio representaba adquisiciones económicas, subsidios y créditos de ANSES para su bolsilloTodo lo que significaba plata para Lucio ellas la manoteaban”. Las asesinas recibían la AUH y la tarjeta Alimentar.
Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez. siguen en la penitenciaría número 1 de San Luis en un pabellón para ellas solas, “de vacaciones, de luna miel” como opina Ramón Dupuy.
Plan Federal de Capacitación en derechos de las niñas, niños y adolescentes
Si bien ya existen normas que obligan a los profesionales que detecten situaciones de abuso o maltrato físico a denunciar y a los docentes a relatar las situaciones que sus estudiantes les cuenten para que puedan ser protegidos de la violencia física y psicológica de su familia, esta nueva norma apunta a que la formación de los agentes del Estado sea integral para que la defensa y la detección de agresiones familiares generen un cambio masivo y que ningún niño, niña o adolescente siga sufriendo sin ser ayudado a vivir en un lugar seguro.
El Plan Federal de Capacitación en derechos de las niñas, niños y adolescentes es de carácter continuo y obligatorio y alcanza a quienes trabajen en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que formen parte del Sistema Integral de Promoción y Protección de la Infancia.
Pero el plan también apunta a capacitar de manera colaborativa a agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La ley también exige que se respete la Convención por los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución en el artículo 75 inciso 22. Es decir que el chico debe vivir en un ámbito de afecto y buen trato.
Con la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) se estableció el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte de un funcionario público. Además la ley 27.455 que modificó el Código Penal estableció al abuso sexual como un delito de instancia pública que debe denunciarse e investigarse siempre, más allá de la decisión de los familiares de la víctima. Esto es para los casos donde los abusos se producen en el seno del propio grupo familiar.
Pero ahora con la Ley Lucio la definición de “instancia pública” obliga a un médico a que certifique si las lesiones son compatibles con un abuso sexual o a una docente que encuentre dibujos o comportamientos que podrían derivar de padecimientos, denunciar a las autoridades el delito.
Lucio se podría haber salvado si alguien denunciaba los abusos y maltratos
En la sesión en la que se debatió el proyecto en la Cámara de Senadores, la legisladora por Santa Cruz, María Belén Tapia, dijo que “el abuelo de Lucio fue un ejemplo porque sacó fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía al pedir justicia”. Y recordó que todos los espacios políticos habían presentado distintos proyectos sobre este tipo de casos desde hace tiempo.
Ramón Dupuy dijo que si bien ellos no son parte del gobierno “van a empezar a trabajar en campañas para la toma de conciencia”
Por eso con esta nueva ley se apunta a generar conciencia masiva y visibilizar la problemática socialmente.
Otro punto fundamental para que el miedo a represalias no inhiba a profesionales de la salud, docentes, trabajadores sociales o vecinos es que se debe reservar la identidad del denunciante y la protección de su integridad para que no reciba amenazas ni amedrentamientos.
La ley no solo busca frenar la violencia sino promover una infancia cuidada. Es decir, se trata no solo de no maltratar a los chicos, sino de tratarlos bien.
Y hay que entender que la violencia de nuestras infancias atraviesa a toda la sociedad y nos debe interpelar.
La ley Lucio, llega tarde para Lucio. Pero no para otros que hoy sufren múltiples violencias por parte de sus propios padres. Por eso se debe terminar con el silencio social de médicos, docentes, clubes, ante una situación de vulneración y proceder de manera empática para evitar que se ponga en peligro la vida del niño.
Sí hay que meterse, porque el compromiso es de todos y quizás con una simple llamada al 102 podamos salvar a un chico que en este momento está en peligro.
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