La crisis del sector de la salud es de larga data, pero parece haberse agudizado. De hecho, las principales cámaras de prestadores de PAMI en todo el país pidieron al gobierno que adopte medidas frente al riesgo de quebranto de muchas clínicas y sanatorios, incluidas casi 30 de Mendoza, por el desfasaje en la actualización de aranceles que cobran.
PAMI: casi 30 clínicas y sanatorios de Mendoza en crisis por falta de ajuste de aranceles
PAMI sólo aumentó 9% este año y el desfasaje por inflación es de 130% desde 2023. Clínicas y sanatorios se debaten entre cerrar, el concurso y la fusión

El titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza aseguró que los prestadores de PAMI dan trabajo a más de 3.000 profesionales de la salud y no pueden sostenerse con los aranceles que cobran
El reclamo se plasmó en un documento al que adhieren entidades como ADECRA, ACAMI, CAPRESS, CONFECLISA, FECLIBA y SALUD FEDERAL. También provinciales como ACLISA (Asociación de Clínicas y Sanatorios) vinculada a CLISAMEN (Clínicas y Sanatorios de Mendoza), la UTE que nuclea a los principales centros asistenciales de PAMI en la provincia.
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Según explicaron, la combinación entre atraso de aranceles ante la inflación y la escalada de costos operativos "pone en serio peligro la continuidad de muchas instituciones médicas". Una situación que afecta al 51% de los establecimientos con internación y 56% del total de camas del país, que emplean a más de 330.000 trabajadores de la salud.
“Necesitamos una instancia de diálogo urgente con el gobierno para preservar la respuesta sanitaria de millones de argentinos”, concluyeron. La crisis se refleja en las paritarias salariales, que acumulan 2 meses sin acuerdo ante un pedido del gremio de la salud al que los dueños de los establecimientos, aseguran, no pueden cumplir en este contexto.
El planteo coincide con el paro de los profesionales de la salud. Una medida adoptada por médicos y odontólogos que trabajan con PAMI, por un motivo similar: el atraso en la actualización de los módulos que perciben por la atención de los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados.
Salud de Mendoza en crisis: clínicas y sanatorios, entre el concurso, la fusión y el cierre
Para el presidente de ACLISA en Mendoza, José Luis Sánchez Rivas, "el pedido del gremio es razonable, un 10% cuatrimestral. Pero en lo que va del año PAMI sólo actualizó los aranceles 9%, lo que representa un desfasaje del 23% frente a la inflación según IPC, algo totalmente insuficiente para mantener el capital de trabajo y seguir en actividad".
Los prestadores también advirtieron que un eventual cierre o paralización de sanatorios privados implicaría una demanda agregada para hospitales públicos. Un sector que ya funciona al límite de su capacidad por la migración de afiliados de las prepagas.
El atraso acumulado es de 130% desde fines del 2023. "A eso se suma que PAMI paga a 90 días con una escalada de costos de insumos y medicamentos superior al IPC. Creemos que o PAMI no recauda lo suficiente o en medio de esta crisis se está buscando ajustar con los prestadores, que tenemos problemas operativos serios", acusó Sánchez Rivas.
El diagnóstico en Mendoza expone un cuadro límite para 25 a 30 establecimientos en Mendoza, donde trabajan más de 3.000 profesionales. Y no hay demasiadas excepciones: un universo que se reparte, según el titular de ACLISA "entre algunas que están al borde del concurso de acreedores y otros que optaron por fusionarse".
Por eso, a la espera de una respuesta al pedido de audiencia por parte del Ministerio de Salud, aguardan que el gobierno cumpla la promesa formulada en algún momento: la de inyectar fondos a PAMI para darle un mayor equilibrio financiero y solvencia.
En pocas palabras
- Crisis sanitaria: casi 30 clínicas y sanatorios de Mendoza están en riesgo de quiebra por desfasajes en los aranceles de PAMI.
- Costos operativos: el atraso en la actualización de aranceles y la escalada de costos ponen en peligro la continuidad de las instituciones médicas.
- Situación límite: el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas del país se ven afectados, con más de 330.000 trabajadores de la salud en riesgo.