El Senado de Mendoza dio media sanción a un proyecto de ley provincial que busca que la DGE regule el funcionamiento de los jardines maternales privados y establece nuevos controles educativos sobre estos espacios que reciben a niños desde los 45 días hasta los 3 años.
Si el proyecto se convierte en ley, los jardines maternales de gestión privada van a ser supervisados por la DGE.
La iniciativa fue aprobada por 26 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. Los principales cambios tienen que ver con que los jardines maternales privados pasarán a formar parte de un registro y tendrán supervisión pedagógica del gobierno escolar.
La DGE y más control para los jardines maternales privados
El proyecto crea un Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada, obligatorio y público, con el objetivo de ordenar el sistema y permitir que las familias accedan a información sobre instituciones habilitadas.
La norma exige que cada jardín tenga un director o directora con título docente de Nivel Inicial, un proyecto educativo institucional y personal con capacitación certificada en primera infancia. También deberán acreditar seguros, aptos psicofísicos y condiciones edilicias y sanitarias adecuadas.
Además, los niños que asisten a estos espacios pasarán a integrar el sistema de información educativa provincial, lo que permitirá contar con datos para planificar políticas públicas vinculadas a la primera infancia.
Cómo fue el debate por la regulación de los jardines maternales
Durante el debate, la presidenta del bloque radical, Natacha Eisenchlas, explicó que la iniciativa surgió del trabajo conjunto con asociaciones de jardines maternales privados y señaló que la ley vigente desde 2019 no pudo aplicarse plenamente, situación que -según indicó- se agravó durante la pandemia.
La senadora sostuvo que la nueva normativa no implica una desregulación, sino una mayor intervención del Estado provincial, ya que los jardines pasarán a integrar formalmente el sistema educativo y quedarán bajo supervisión específica de la DGE. También defendió la flexibilización en los requisitos del personal de sala, al considerar que busca compatibilizar estándares de calidad con la sostenibilidad económica de los establecimientos.
Desde la oposición, la jefa del bloque del Partido Justicialista, Adriana Cano, adelantó el voto negativo de su espacio. En tanto, los senadores Dugar Chapel, del Partido Verde, y Duilio Pezzutti optaron por abstenerse.
Si la Cámara de Diputados convierte el proyecto en ley, los jardines que ya se encuentran en funcionamiento tendrán un plazo de seis meses para adecuarse a los nuevos requisitos.