El 25 de noviembre de 2002 la Séptima Cámara del Crimen condenó a Claudia Paola Sosa (22) a vivir durante 15 años en la cárcel por haber matado al esposo, Juan Eduardo Quiroga, quien era policía.

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Muy lejos de haber cerrado una etapa, esa sentencia marcó el comienzo de otro capítulo. Nuevo. Distinto. Superador. Porque desde entonces las víctimas de violencia de género fueron escuchadas tras varias décadas de haber sido ignoradas. De sentirse obligadas a esconder el horror debajo de la alfombra.

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1 de marzo de 2001

Una patrulla policial llega a un pequeño departamento de alquiler en Luján, a pocas cuadras de la plaza. Había una denuncia telefónica: Quiroga había sido encontrado muerto en la cama matrimonial.

Tenía un disparo de su arma de uso oficial en la cabeza. Semejante escena fue descubierta por Claudia Paola Sosa, quien dijo haber llegado de madrugada, tras haber estado con amigas.

A eso de las 3, contestó la mujer de pequeña contextura física y cabello enrulado cuando le preguntaron a qué hora había regresado y descubierto la tragedia.

Aquella madrugada había llovido terriblemente en Luján y alrededores. Sin embargo, ni en la escena del crimen ni en las suelas del calzado de la mujer había rastros de agua ni de fango.

¿Claudia Sosa había estado realmente fuera de su casa cuando Quiroga moría de un disparo en el lecho matrimonial?

La duda fue suficiente para que la mujer fuera conducida a la comisaría 11 como sospechosa.

Luego de diversos peritajes, del retiro del cadáver y de análisis criminológicos, la mujer quedaría detenida por haber dado muerte a Quiroga con la Taurus calibre 9 mientras él dormía.

"El arma estaba cargada sobre la mesa de luz. Se disparó cuando quise asustarlo" "El arma estaba cargada sobre la mesa de luz. Se disparó cuando quise asustarlo"

Claudia Sosa en la declaración

Pero había algo más que ese episodio. Algo que asomaba lenta pero definitivamente. Pero antes debía caerse un velo. Entonces, Sosa lo derribó cuando contó todo.

Dijo a los investigadores que el esposo la sometía a todo tipo de vejaciones y ultrajes físicos, económicos y psicológicos.

Dijo que todos esos padecimientos habían comenzado en las horas posteriores al casamiento y que continuaron en cada uno de los lugares donde vivieron: San Rafael, el barrio Lihué de Guaymallén y Luján.

Dijo que Quiroga la encerraba antes de irse a trabajar y que la violaba con el arma de uso reglamentario, y también que la golpeaba y que la amenazaba si es que osaba denunciarlo en alguna sede policial.

Dijo que sus denuncias nunca fueron atendidas y que policías de Luján y del barrio La Gloria de Godoy Cruz se le reían en la cara cada vez que lograba escapar y se presentaba para denunciar a Quiroga.

Culpable

El juicio oral y público duró cinco días y se desarrolló en el primer piso de los tribunales provinciales.

El tribunal estuvo presidido por los jueces Agustín Chacón, Gonzalo Guiñazú y Pedro Carrizo.

Fue la primera vez que Guiñazú, considerado uno de los jueces duros, aplicó las circunstancias extraordinarias de atenuación. También él se había conmovido con los padecimientos de la imputada.

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El personal de seguridad de la sala tenía dos misiones claras: preservar la integridad de la acusada y evitar cualquier tipo de enfrentamiento entre los asistentes, porque los familiares de Sosa y de Quiroga -ubicados a prudente distancia entre sí- se miraban con rabia, con culpa, con sed de venganza. Con dolor.

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La pena de 15 años de prisión fue impuesta bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego con circunstancias extraordinarias de atenuación.

Esas circunstancias extraordinarias de atenuación fueron todos y cada uno de los padecimientos que Sosa había sufrido a manos del esposo, que a la hora de fijar una sentencia le jugaron a favor para no ser condenada a  más años de cárcel.

Sosa lloró con tristeza mientras le ajustaban las esposas para conducirla a la prisión. Su madre y su padre lloraron desgarradoramente por la decisión de los jueces. Sin embargo, aquel día la historía comenzaría a revertirse.

La fiscal Susana García había pedido que fuera condenada a 20 años de cárcel.

Los abogados de la familia Quiroga solicitaron que Sosa fuera sentenciada a reclusión perpetua bajo el argumento de que las vejaciones denunciadas por la mujer "nunca habían sido demostradas". Tras la lectura del fallo consideraron que la condena había sido "excesivamente atenuada".

Reclamo social

El clamor de agrupaciones feministas más el planteo jurídico y político de los abogados defensores Pablo Salinas y Diego Lavado apuntó a lograr una rebaja de la cantidad de años de cárcel.

No era asesina porque sí, sino que había matado para defender su propia vida. No era peligrosa para la sociedad. Había sido víctima de un hombre violento. En la cárcel ha tenido una conducta impecable. Sin conflictos.

Estos y otros argumentos llegaron al despacho del entonces subsecretario de Justicia, Roberto Grillo Solanilla, como sustento de una importante petición: disminuir el monto de la pena para dejarla cerca de la libertad, al menos de la condicional.

El gobernador Roberto Iglesias se comprometió a estudiar el caso. Y lo hizo. Cuatro días antes de las elecciones que catapultaron a Julio Cobos a la gobernación de Mendoza, firmó el decreto del Poder Ejecutivo que rebajó en 7 años y 6 meses la pena de prisión. A la mitad de lo que habían impuesto los jueces.

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Fue inédito. Nunca antes un condenado había recibido semejante beneficio de una autoridad política, beneficio que la Constitución de Mendoza autoriza a cualquier gobernador a conceder aunque, es bueno aclararlo, no obliga a hacerlo.

Su caso fue tratado por la prensa nacional y apareció en el ciclo televisivo porteño No matarás que emitió Canal 13 en el año 2003.

Claudia Sosa accedió a la libertad condicional en 2006.

Hoy vive en libertad.

   

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