"¡No pueden fumigar!", grita Sofía Gatica mientras agita los brazos en un cultivo de soja en Argentina, donde la utilización del controvertido herbicida está muy difundida. Aquel día, la activista fue expulsada por la policía tras su irrupción en una propiedad agrícola privada de Dique Chico, en Córdoba.
Los habitantes se enfrentan casi a diario con los productores agrícolas por las fumigaciones con glifosato, un herbicida que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es probablemente cancerígeno, usado para los cultivos con semillas transgénicas.
En Argentina esas siembras comenzaron a fines de los años 1990 y desplazaron paulatinamente la cría de ganado. Al cierre de junio de 2018 había 18 millones de hectáreas sembradas, que rindieron una producción de 35,8 millones de toneladas y ubican a Argentina como el tercer mayor productor mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil.
Pero esa cosecha implica millones de litros de glifosato vertido.
En Estados Unidos ya tuvo lugar el primer juicio sobre los posibles efectos cancerígenos del Round Up, el herbicida de Monsanto que contiene glifosato.Sin legislación Presionados por los habitantes y sin que haya una legislación específica, los intendentes de los pueblos argentinos han emitido ordenanzas que regulan las fumigaciones, tanto para limitar su alcance territorial como para controlar las cantidades de tóxicos en los herbicidas. Pero las ordenanzas son impugnadas por los productores y a veces reciben medidas cautelares a su favor, lo que atiza el conflicto. "Por un lado hay derechos constitucionales, como el derecho a ejercer la industria lícita, que es el que invoca el productor agropecuario. Pero, frente a ese, hay otros como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho a la vida", refiere Darío Ávila, abogado ambientalista.
"En materia de agrotóxicos, en Argentina no existe una ley nacional que tenga aplicación en todo el territorio. Estas normativas son atribuciones reservadas a los gobiernos provinciales", añade.
"Yo entré a una propiedad para impedir la fumigación que entra sin permiso a las viviendas. Ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros le tenemos que pedir permiso a ellos", dice Gatica indignada.
Según el neonatólogo Medardo Ávila, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde que comenzó la fumigación con glifosato en Argentina, la gente de las zonas rurales registran mayor incidencia de cáncer y de malformaciones al nacer.
