Colegios del Arzobispado preparan a sus alumnos ante las consecuencias de la nueva Ley Penal Juvenil

Además de una jornada que reunió esta semana a comunidades educativas del Gran Mendoza, se planean charlas similares en 4 colegios del Este y otro de Lavalle, con invitaciones a alumnos, familias y educadores.

El objetivo es trabajar sobre la prevención de amenazas y distintas formas de violencia, explicar las posibles consecuencias de esas conductas y acompañar a los adolescentes en el conocimiento de sus derechos y responsabilidades.

La propuesta se desarrolla en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil que entró en vigencia en Mendoza. La legislación nacional establece la responsabilidad penal desde los 14 años, mientras que la normativa provincial adapta los procedimientos y los organismos que intervienen en esos casos.

Una charla para estudiantes, familias y docentes

El primer encuentro se realizó el miércoles 7 de octubre en la Sala Plumerillo del Auditorio Ángel Bustelo. Estuvo a cargo de Hernán Amat, director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Participaron familias, docentes y estudiantes de 3º y 4º año de los colegios del Arzobispado del Gran Mendoza. Según informó Ceducar, durante la jornada se explicaron los principales aspectos de la nueva normativa, las etapas del proceso judicial y las funciones de los organismos involucrados.

La actividad también puso el foco en el acompañamiento de los adolescentes. Para los alumnos, la propuesta buscó aportar herramientas para comprender las implicancias de sus actos y tomar decisiones conscientes en su vida en sociedad.

Ese trabajo tendrá continuidad con los encuentros previstos en el Este y Lavalle. La convocatoria a los adultos apunta a que el conocimiento de la normativa y la prevención de la violencia involucren tanto a las escuelas como a las familias.

Qué cambió con el nuevo Régimen Penal Juvenil

La reforma tiene dos planos. La ley nacional 27.801 estableció la responsabilidad penal desde los 14 años. Mendoza, por su parte, adecuó su sistema mediante la ley 9.735, que incorpora un Código Procesal Penal Juvenil y organiza la intervención de las instituciones provinciales.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la normativa mendocina el 30 de septiembre. El esquema contempla procedimientos especializados, seguimiento de los adolescentes y medidas destinadas a su reinserción educativa y social.

En ese contexto, las charlas buscan advertir que las amenazas y los hechos de violencia pueden dar lugar a una intervención judicial cuando constituyen delitos. La responsabilidad debe evaluarse según la edad, las características del hecho y las condiciones que establece la legislación.

La existencia de una causa penal tampoco implica automáticamente una pena de encierro. El régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y dispositivos de acompañamiento. Diario UNO explicó esa diferencia al informar qué ocurrió con los primeros adolescentes detenidos en Mendoza y por qué algunos recuperaron la libertad.

De todos modos, en el Arzobispado quieren evitar imputaciones, y por eso eligieron arrancar con estos encuentros: la meta, además de disminuir la violencia escolar, es evitar que los chicos terminen con problemas legales. Para las comunidades educativas que participan de la propuesta, el trabajo comienza antes de cualquier expediente: conocer las reglas, comprender las consecuencias de los propios actos y fortalecer el acompañamiento de los adolescentes.