Los dueños de los bares pusieron el grito en el cielo por la propuesta presentada en el Concejo Deliberante para modificar la ordenanza 11.024, que regula la diversión nocturna e incluye la instalación de cámaras de seguridad en las barras de los bares, restó, cafés y boliches.
Si bien algunas discotecas, según confirmó el empresario Oscar Viscio, ya poseen esta moderna tecnología, el resto de los empresarios se niegan a hacer esa inversión y señalan que “el control hay que hacerlo en la vía pública o en los negocios que surten bebidas para las famosas previas”.
La modificación que se incorporaría en un artículo quedaría redactada de la siguiente manera: “Los locales comprendidos en el artículo 4º) incs. a1), a2), a3), b) y c) de la presente deberán colocar cámaras de seguridad en el interior de los mismos donde se expendan bebidas alcohólicas; las imágenes serán guardadas durante un año”.
En este contexto, los que se sienten perjudicados ya pidieron una reunión con los concejales para exponer su posición y evitar que la misma prospere.
En este sentido, uno de los que firmaron el proyecto, Alberto Pérez Gasul, señaló que “hubo errores en su confección y en la redacción porque la idea es instalar las cámaras en los negocios que venden alcohol al por mayor”.
Más allá de las explicaciones, el debate en comisión ampliada comenzaría la semana entrante y el tratamiento en el recinto, de haber consenso, se realizaría el 11 de noviembre en sesión especial.
“Un proyecto sin sentido”
Para el concejal Mauricio Sat (PJ) el proyecto no tiene sentido y negó haber acompañado con su firma el documento. En ese sentido dijo, sin pelos en la lengua, que “la propuesta lleva la firma de la presidenta del Concejo, Cristina Da Dalt, y el presidente del bloque demócrata, Alberto Pérez Gasul”.
El edil anticipó que “va a votar en contra esta iniciativa ya que la instalación de cámaras no va a incentivar o disminuir la ingesta de alcohol”.
Y agregó que “hay que hacer cumplir la ley provincial 8.692 que prohíbe la venta de estas bebidas a partir de las 4.30”.
Para Sat, la incorporación de esta modificación es innecesaria porque “ya hay una norma que pone los límites y es deber del Estado ejercer el control para que se cumpla”.
