Tras cinco meses de investigación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) concluyó que no hay elementos en la causa para solicitar la elevación de la investigación a juicio y solicitó el sobreseimiento de Carina Jacob, dueña del geriátrico San Marcos, denunciado por el Ministerio de Salud por irregularidades que no pudieron ser respaldadas con pruebas concretas.
El juez de Garantías N° 4 Mauricio Mayer, resolvió este jueves hacer lugar al pedido de sobreseimiento de Jacob presentado por los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo en relación a una causa que se inició el 1° de septiembre de 2016, cuando personal del Ministerio de Salud de la provincia realizó una inspección en el geriátrico San Marcos, sito en calle Ruiz Moreno al 1100, de Paraná, y la sobreseyó del delito de Abandono de persona.
En el momento del procedimiento, el instituto era propiedad de Jacob, Sebastián Díaz y Mirtha Eduarda González.
La mujer, que al ser indagada por sus datos personales afirmó tener 35 años, y cuando se le preguntó, siguiendo el rito, "por los llamados vicios, si consume alcohol, cigarrillos o estupefacientes" respondió que "solamente al chocolate", quedó totalmente desvinculada de la causa, que se "cerró irrevocablemente" y no podrá ser nuevamente abierta porque "se cerró para siempre" según le informó el juez a Jacob.
También se resaltó que el proceso penal que padeció no "afectó su buen nombre y honor".En el escrito de sobreseimiento que los fiscales presentaron el 16 de diciembre del año pasado, se sostuvo que "no podemos tener por acreditado los extremos puestos de manifiesto en la denuncia formulada por el Ministerio de Salud, atento a que de las medidas de prueba realizadas, no se han podido corroborar que las personas alojadas en el Hogar San Marcos se encuentren en estado de abandono en cuanto a su salud".
Este jueves los fiscales detallaron los pasos que se siguieron en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) que comenzaron el 27 de septiembre de 2016, recordando que Jacob no fue imputada sino que sólo se le recibió declaración informativa.
Tras precisar qué fue lo que se hizo en pos de recabar pruebas, concluyeron que "no constan elementos para solicitar la elevación a juicio de los dos hechos que fueron denunciados por representantes del Ministerio de Salud".
Los acusadores públicos también destacaron que los informes de los peritos médicos del Cuerpo Médico Forense de Tribunales corroboraron que las personas de las que se denunció que estaban en estado de abandono, se encontraban bien, en bues estado de salud de acuerdo a su edad.
En el geriátrico se encontraban internados 27 adultos mayores de entre 60 y 80 años. En relación a la supuesta privación ilegítima de la libertad que se comenzó a investigar, a poco de andar se comprobó que los adultos mayores fueron retirados por familiares antes del procedimiento y que estaban en buen estado de salud.
Fuente: Análisis Digital
