La Ley de Glaciares se aprobó después de una sesión intensa, con 137 votos a favor, 111 rechazos y 3 abstenciones. De los diputados mendocinos, 7 apoyaron la reforma especialmente impulsada por provincias que componen la Mesa del Cobre, como San Juan y Mendoza.
Uno por uno, cómo votó cada diputado mendocino la Ley de Glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada con el apoyo de 137 diputados. De esos, 7 son mendocinos. Qué cambia
Facundo Correa Llano, uno de los mendocinos que votó a favor de la Ley de Glaciares.
La iniciativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.
Además de La Libertad Avanza, votaron a favor del proyecto el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila).
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También los sanjuaninos de Unión por la Patria Cristian Andino y Jorge Chica.
Las tres abstenciones fueron de Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; y de Karina Maureira, de La Neuquinidad.
Así votaron la Ley de Glaciares los mendocinos
A favor de la reforma de la ley que regula zonas glaciares y periglaciares votaron los diputados por Mendoza de La Libertad Avanza: Luis Petri, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio, Facundo Correa Llano y Mercedes Llano. Junto con ellos, lo hicieron los dos radicales cornejistas, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.
El botón del “no” apretaron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro; y la diputada Lourdes Arrieta, hoy en el bloque de Provincias Unidas.
El antecedente a esta votación fue la del Senado, a fines de febrero. En ese entonces, los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri votaron a favor; y Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, en contra.
Qué dice la Ley de Glaciares vigente
La norma actual define de manera amplia el ambiente periglacial y establece prohibiciones absolutas para actividades como la minería y la explotación hidrocarburífera en glaciares y zonas periglaciares. Al ser una ley de orden público, subordina cualquier actividad económica al interés de preservación hídrica.
El principal cuestionamiento técnico de los impulsores de la reforma es que el esquema vigente no distingue entre geoformas con aporte hídrico relevante y aquellas con contenido de hielo mínimo, lo que genera restricciones incluso en casos donde el impacto sobre el recurso hídrico sería irrelevante.
Qué cambia la reforma
El proyecto aprobado en el Congreso Nacional introduce una distinción conceptual entre áreas periglaciares y geoformas periglaciares, le da la potestad de la definición a las provincias y establece que su inclusión en el régimen de protección dependerá de análisis técnicos que las reconozcan como reservas estratégicas.
La incorporación al Inventario Nacional de Glaciares quedará sujeta a la validación de la autoridad ambiental de cada jurisdicción.
Uno de los cambios más significativos es el reemplazo del esquema de prohibición por ubicación por un modelo basado en Evaluación de Impacto Ambiental. Esto permitirá que proyectos productivos obtengan factibilidad ambiental si demuestran que no afectarán la función hídrica del glaciar.
En la práctica, quedarán protegidos únicamente los cuerpos de hielo o geoformas con aporte hídrico relevante y comprobable, excluyendo a aquellos suelos congelados sin capacidad de aporte significativo. Además, la reforma endurecerá los criterios para excluir un glaciar del inventario.
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