Mientras no hay definición sobre una nueva Ley de Alquileres, los contratos de alquiler que se renuevan durante este mes sufren una actualización de 110,5% respecto al mismo mes del año anterior, al aplicarse el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Inflación
Se renuevan los alquileres y aumentan 110%, mientras crece la expectativa por el debate en Diputados
La Cámara de Diputados tiene en su agenda una sesión el próximo miércoles 23 de agosto para tratar la modificación de la ley
Alquileres en Mendoza.
En consecuencia, un contrato de alquiler de $100.000 pasado un año de vigencia pasará a costar $210.504 de acuerdo al índice de ajuste que marca la controvertida ley.
Son alrededor de 2 millones las viviendas alquiladas y afectadas por la ley de alquileres, impulsada originalmente por el gobierno de Mauricio Macri y sancionada en 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.
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La ley vigente establece un mínimo de tres años de contrato, con aumentos anuales a partir del ICL.
Este indicador lo elabora el Banco Central y se compone de la variación del índice de precios y de salarios.
La actual legislación provocó una retracción de la oferta que disparó los precios y empujó a los propietarios a retirar sus unidades de la plaza.
El 23 se trata en Diputados y hay dos dictámenes
La Cámara de Diputados tiene en su agenda una sesión el próximo miércoles 23 de agosto para tratar la modificación de la ley.
Esos cambios apuntar regresar a la legislación anterior con contratos de 2 años y un régimen de actualización distinto, que no provoque saltos abruptos como los que se sufren con la legislación vigente.
Cabe recordar que la ley no alcanza a los alquileres temporarios, locales u otro tipo de inmuebles no destinados a la residencia.
El dictamen del Frente de Todos sostiene el grueso de la ley sancionada en 2020. A esta, le añade una serie de incentivos fiscales. Entre ellos, que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de $ 30 millones.
También, proponen un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Además, amplía las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP.
Por su parte el dictamen de minoría, que firmaron los bloques opositores, prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año.