A casi dos meses de la asunción del presidente Javier Milei sigue la incertidumbre sobre la continuidad del financiamiento de la obra pública nacional y hasta el momento no están nombradas todas las autoridades por lo que las constructoras no pueden reclamar las certificaciones adeudadas desde octubre, advirtieron desde la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, (Cecim).
El impacto de la crisis
Pymes de Mendoza aseguraron que la obra pública nacional sigue parada y que no hay interlocutores
El referente local de la construcción, Dalmiro Barbeito, dijo: "Nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza sin autoridades para dialogar". Y admitió que "hubo que despedir gente"
Proyectos nacionales como el Procrear quedaron paralizados desde diciembre.
Su presidente, Dalmiro Barbeito, aseguró a UNO que "nunca habíamos vivido una situación de esta naturaleza sin autoridades con las cuales dialogar y al menos tener una perspectiva de cuándo vamos a retomar obras como el Procrear, por ejemplo. Lamentablemente no tenemos con quién canalizar nuestras inquietudes y preocupaciones".
Barbeito explicó que hoy la principal fuente de trabajo que tienen las pequeñas y medianas empresas de la construcción son las obras de la provincia porque el resto "está todo parado y hubo que despedir gente".
"Nos estamos defendiendo con la obra pública provincial, que se ha ralentizado pero seguimos trabajando e incluso nos han adelantado los plazos de pago por la mala situación que se está viviendo", reconoció el empresario.
Desde el Gobierno de Mendoza, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Baduí, confirmó que tuvieron que adelantar los pagos de certificaciones con entregas semanales para paliar la grave crisis que atraviesa el sector y el país.
"Estamos dando continuidad a todos los proyectos y hemos escuchado a las empresas sobre su necesidad de que los plazos de pagos se acorten de 60 a 30 días. Además, hemos implementado un sistema de pago semanal, atendiendo a la situación inflacionaria", señaló la funcionaria.
Barbeito indicó que se han buscado canales de diálogo a nivel nacional para saber qué destino tendrán los proyectos, "pero siguen sin nombrarse los funcionarios de las carteras que llevan adelante estos proyectos, no tenemos con quien hablar, incluso desde la provincia también reconocen que no hay referentes a quien plantear los retrasos o los incumplimientos".
Hay que destacar que no fue reemplazado Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura de Milei, que dejó su cargo el pasado 27 de enero, según trascendió por razones personales.
Las consecuencias en la falta del envío de fondos desde diciembre también comprometen a las propias arcas del Gobierno de Mendoza, por convenios con el Instituto provincial de la Vivienda (IPV) que ascienden a $1.500 millones.
Pérdida de los equipos de trabajo
Barbeito trazó un duro panorama para lo que viene de mantenerse esta situación, sobre todo para aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen la suficiente solvencia económica.
"Lo que está en peligro es una de las principales actividades que genera mayor movimiento en la economía. No sólo por las fuentes de trabajo directas, sino por las indirectas. Además, si esto se profundiza vamos a tener que retirar nuestros equipos de trabajo en las obras y este es uno de los mayores valores que tenemos nuestros equipos", observó.
El impacto de la inflación es un tema que toca de cerca a las constructoras porque los proveedores están entregando materiales contra transferencia y ya no permiten los pagos diferidos para la entrega de materiales.
"Con esta inflación se está haciendo muy difícil poder finalizar los trabajos, a lo que hay que sumarle una paralización de la actividad. Las noticias no son buenas para el sector, esperemos que pueda normalizarse en el corto plazo", deseó el empresario.
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