El sábado pasado, un día después de que la "ley antiminera" fuera reformada por la Legislatura, y antes de que partiera desde diversos puntos de la Provincia la masiva marcha a favor del agua y en contra de esa reforma, terminé de ratificar, por un título que vi en un diario español,  que las cosas no iban a ser fáciles ni para el novel mandatario Rodolfo Suarez ni para los cambios introducidos en la Ley 7722, votada por una mayoría de radicales y peronistas.

El título del diario El País, de Madrid, decía: "Miles de argentinos protestan contra el uso de cianuro en la minería" , y estaba acompañada de una importante foto aérea de los manifestantes en la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza. Ese mismo concepto, el de que se trataba de un reclamo de "los  argentinos" y no de los "los mendocinos", se comenzó a repetir en otros medios de prensa del mundo.

Ratifiqué entonces que esta movida ambientalista estaba dispuesta a envalentonarse. No tenía visos de esfumarse de un día para otro ni aún con la promulgación de la reformada ley por parte del Ejecutivo. Quedó corroborado cuando tras la Navidad, y en vista de lo que se venía, el gobernador Suarez decidió frizar por dos o tres meses la reglamentación de la norma.

¿Qué es lo que se viene?

Lo que se viene es, ni más ni menos, que la utilización de la Fiesta de la Vendimia (tanto en los departamentales como en el Romero Day) por parte de la muy activa militancia ambientalista y de los partidos de izquierda para amargarle el derrotero político a Rodolfo Suarez.

Ya hubo suspensión de la Vendimia de la ciudad de Rivadavia por el copamiento del predio donde debía realizarse, y seguramente ocurrirá lo mismo en cada una de los festejos distritales y departamentales. Y, sobre todo, en los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Esto es lo que obligó a Suarez a abrir un compás de espera, a fin de generar  un diálogo donde el Gobierno intentará romper algunos mitos que se  han tomado como verdades por la militancia ambiental.

Nadie es profeta en casa

Al gobernador lo consideran poco menos que un traidor por ser oriundo de San Carlos, convertida en algo así como la capital nacional de la lucha contra la minería.

En los últimos años los políticos más visionarios y con posibilidades ciertas de acceder al poder en Mendoza, esto es radicales y peronistas, coincidieron en que la demonizada minería (en muchos casos con razón como en Veladero, San Juan) debía convertirse, con controles muy severos, en el motor para poder cambiar la matriz productiva de la provincia, estancada desde hace años.

Hoy, por ejemplo, los celulares que utilizan los manifestantes ambientales para autoconvocarse a marchar no existirían si la minería no proveyera de coltán a las fábricas que producen esos móviles. La senadora nacional por Mendoza Pamela Verasay (UCR) acaba de publicar una respetuosa carta abierta a los ambientalistas en la que les recuerda que, por ejemplo, para fabricar los paneles solares, que proveen energía limpia, se requiere silicio y cuarzo.

Esa legisladora es una de las que mejor ha explicado la escasa información que existe en la población militante sobre la importancia de la minería, en contraposición al desmedido auge de eslóganes y verdades a medias. Además, ésta reforma de la Ley 7722 para permitir el uso de sustancias que estaban prohibidas fue parte del programa que Suarez presentó a los mendocinos en la reciente campaña electoral.

Los especialistas aseguran que si la actividad minera se reactivara no usaría más que el 1% del agua de Mendoza, porque ese líquido en dicha actividad es reciclado constantemente.

Si los ambientalistas buscan mantener apoyo popular deberán ser muy cuidadosos a fin de prevenir los actos de violencia y los daños que se registraron en la explanada de la Casa Gobierno el lunes 23/12.

Y el Gobierno debería aprovechar este parate para concretar, con mucha inteligencia y datos duros y científicos, lo que hasta ahora no había hecho de manera sistemática: informar claramente al pueblo sobre los beneficios que podría traer a la provincia una minería controlada por una policía minera creada por ley, por una comisión bicameral legislativa, y por la propia civilidad.

Por ejemplo, la creación de cientos de puestos de trabajo, directos e indirectos, que están entre los mejor remunerados del mercado, además de generar un gran movimiento de pymes. 

Ahí queremos ver su muñeca, gobernador.

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