Mientras la gestión de Alfredo Cornejo avanza a paso firme en el proceso para tomar posesión plena y lanzar la licitación del sistema hidroeléctrico Los Nihuiles por los próximos 30 años, desde La Pampa resurgió el viejo reclamo que busca frenar o condicionar la autonomía mendocina sobre el río Atuel.
A través de un documento elaborado por la Fundación Chadileuvú (FUCHAD) -organización defensora de los recursos hídricos de La Pampa- sectores técnicos y políticos de esa provincia impulsan un pedido formal para ser incluidos de manera directa en la redacción de los nuevos pliegos de concesión y en la toma de decisiones sobre la regulación de los caudales.
La ofensiva pampeana busca apoyarse en el convenio tripartito firmado en 1992, cuando la Nación transfirió las represas a Mendoza. Según sostiene la entidad, aquel acuerdo contemplaba un sistema de contralor sobre las operaciones del complejo. Ante la finalización de los contratos prorrogados de las operadoras Hidisa e Hinisa, la Fuchad le exigió a su gobernador, Sergio Ziliotto, realizar presentaciones ante la Nación y, eventualmente, interponer una nueva medida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Pampa sostiene un interminable conflicto con Mendoza por el río Atuel.
Foto: archivo
La estrategia de Mendoza
El planteo pampeano llega en un momento trascendental. Mendoza reafirmó su postura de ejercer la titularidad efectiva y la administración del recurso hídrico sobre la cuenca del Atuel, respaldada por la caducidad de las concesiones nacionales originarias.
El plan trazado por la provincia apunta a un esquema claro:
Toma de posesión y concesión unificada: licitar conjuntamente Hidisa e Hinisa como una sola unidad de negocio, asegurando inversiones de escala y previsibilidad energética por las próximas tres décadas.
Prioridad del uso hídrico: garantizar la eficiencia del riego para la producción agrícola local y el consumo humano en el Sur provincial, operando los embalses según la planificación hídrica de la Irrigación.
Canon e inversiones: asegurar que los beneficios económicos y los cánones generados por la venta de energía queden en territorio provincial para financiar obras de infraestructura hídrica local.
La toma de posesión de Los Nihuiles por parta del Gobierno de Mendoza fue sellada el 31 de julio.
Foto: Cristian Morón
El trasfondo del conflicto judicial
Desde la perspectiva pampeana, se insiste en que el fallo de la Corte de 2020 -que fijó un caudal de referencia de 3,2 m³/s- obliga a una "gestión integral de la cuenca". Recientemente, la provincia vecina volvió a presentar un pronto despacho ante el máximo tribunal exigiendo erogaciones inmediatas, apoyándose en la recuperación de las reservas hídricas que dejaron las nevadas invernales en la cordillera mendocina.
Sin embargo, desde el Ejecutivo mendocino la posición se mantiene inamovible: las decisiones operativas y la propiedad de la infraestructura energética de Los Nihuiles corresponden a la provincia. Cualquier ajuste en la erogación del agua está supeditado a la disponibilidad real del recurso y a las obras de eficiencia que deben ejecutarse, sin ceder la soberanía sobre el manejo de los embalses en San Rafael.
En pocas palabras
Mendoza: avanza la gestión para tomar posesión plena del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.
La Pampa: amenaza con ir a la Corte Suprema si no la incluyen en los pliegos de concesión.
Conflicto hídrico: se reaviva la disputa por el Río Atuel y la autonomía mendocina sobre el recurso.
