El Senado de Mendoza dio este martes sanción definitiva a un nuevo sistema para monitorear los bienes usados que se vendan y compren. Se trata de un intento por dar mayores certezas a quienes operan en ese mercado, que es uno de los territorios predilectos de quienes se dedican a comercializar objetos robados.
Compraventa y seguridad
La Legislatura aprobó la creación de un registro de bienes usados para combatir a los robos y el mercado negro
El Senado de Mendoza dio este martes sanción definitiva a la creación de un sistema preventivo de control y registro de usados ¿A quiénes afectará?
La propuesta del Ejecutivo provincial contó con amplio apoyo.
La propuesta -parte del paquete de leyes de Seguridad que envió el Ejecutivo este año- incluye seguimientos más estrictos y un registro sistematizado de los bienes. Tras la aprobación por unanimidad, sólo resta la promulgación del Gobierno.
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Autopartes y bicis en la mira
Las autopartes, las bicicletas y los elementos tecnológicos son algunos de los bienes que podrían empezar a estar más controlados a partir de ahora. La meta de máxima es clara: conseguir que el mercado negro se vuelva menos redituable para los delincuentes.
La nueva legislación permitirá a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones y verificar la legalidad de los bienes y su documentación
El texto del proyecto subraya que muchos bienes, como las bicis, actualmente quedan fuera del registro establecido por el Decreto 1.189/10, a pesar de ser comúnmente objeto del mercado ilegal. Además, se critica la Ley 9.169 sobre autopartes por limitar las intervenciones de las fuerzas de seguridad, al someterlas al Ministerio Público Fiscal. La nueva legislación permitirá a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones y verificar la legalidad de los bienes y su documentación.
El sistema de control propuesto incluye la creación de un registro sistematizado para el seguimiento de bienes muebles usados en venta, con el fin de regularizar este mercado y eliminar el comercio ilegal.
Habrá un régimen sancionatorio para quienes vendan bienes muebles sin prueba de su origen lícito
La nueva legislación también establece que los municipios podrán ser depositarios de los bienes secuestrados y que estos podrán ser subastados, destruidos, compactados o adquiridos por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En el caso de las autopartes y repuestos usados, se requerirá que cualquier persona o entidad que comercialice o almacene estas piezas esté inscrita en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) y cumpla con las normativas de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
Finalmente, se establece un régimen sancionatorio para quienes vendan bienes muebles sin prueba de su origen lícito. Las sanciones incluyen multas de 1000 a 4000 U.F. o arresto de 40 a 60 días.
Con esta aprobación, el proyecto queda ahora a la espera de la promulgación por parte del Gobierno provincial.
Debate y aclaraciones
La norma que en su momento presentó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, apunta a influir sobre algunos ámbitos donde la circulación de elementos robados es muy común. Viene a reemplazar a la antigua Ley 8.124 de 2009, la cual establecía un procedimiento analógico para este tipo de transacciones. Ahora, como se adelantó más arriba, el seguimiento será más ágil y bajo la modalidad digital.
La miembro informante fue la radical María Galiñares, quien destacó que el nuevo registro permitirá a cualquier ciudadano verificar si el vendedor está autorizado y conocer el origen del bien. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad, con la posibilidad de colaborar con organismos nacionales, provinciales y municipales.
El sistema propuesto también incluye un control riguroso de los establecimientos dedicados a la compraventa, así como la documentación necesaria para garantizar la trazabilidad de los bienes. Se otorgan facultades al Ministerio de Seguridad para inspeccionar y actuar de manera inmediata en caso de infracciones, de acuerdo con las leyes vigentes.
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Durante el debate, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, manifestó su apoyo al proyecto, aunque sugirió la necesidad de una mayor fundamentación jurídica sobre las implicancias de la registración.
El senador Germán Vicchi, jefe del bloque de La Unión Mendocina, avaló la iniciativa, pero señaló la necesidad de especificar qué tipos de bienes se incluirán en el registro, ya que la definición de «cosa mueble» en el Código Civil es muy amplia.
Desde el Partido Justicialista, el senador Pedro Serra también expresó su apoyo al proyecto, aunque criticó su falta de especificidad y su enfoque limitado a las transacciones físicas, sin abordar adecuadamente el comercio en línea.
En respuesta a estas preocupaciones, la senadora Galiñares aclaró que el proyecto incluye un artículo específico en el Código de Contravenciones (artículo 116 bis), que contempla sanciones para la venta de bienes muebles usados a través de internet sin justificación del origen lícito. Esto permitirá a los agentes informáticos perseguir y sancionar estas actividades.
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