La demora del Senado en aprobar ascensos de militares puso a Anabel Fernández Sagasti en el centro de la escena
El tratamiento de los ascensos de 219 militares podría pasar para el año que viene. Otros pliegos propuestos por Alberto Fernández no fueron analizados por la Comisión que preside la mendocina y de la que forma parte Alfredo Cornejo
Anabel Fernández Sagasti presidió la reunión de Comisión de Acuerdos en la que se dejó de lado 9 pliegos propuestos por el presidente Alberto Fernández.
La senadora Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, quedó en el ojo de la tormenta cuando hace un mes se excluyó a nueve postulantes de los ascensos militares propuestos por el Ejecutivo. Este jueves, la polémica volvió al centro de la escena al no tratarse en el recinto la aprobación del resto.
Desde el equipo de trabajo de la senadora por Mendoza señalaron a Diario UNO que aquellas carpetas que no fueron tratadas y aprobadas en el seno de la Comisión, quedaron allí para "mayor estudio", a pesar de que superaron las evaluaciones de la Junta de Calificaciones y fueron propuestos por el Ministerio de Defensa y el presidente Alberto Fernández.
Respecto del tratamiento en el recinto del resto de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas, 219 de los 228 propuestos, desde el Senado no se dio una fecha cierta y se especula con que incluso podrían llegar a votarse el año próximo.
Entre los que esperan el ok del Senado está la promoción al grado inmediato superior al general de división Guillermo Pereda, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, y al grado inmediato superior al vicecomodoro José Alfonso Torres. También la del teniente coronel Agustín Marcelo Rodríguez, ex jefe de la Casa Militar.
La polémica Comisión de Acuerdos que excluyó 9 pliegos
"En total son 219 ascensos", decía Anabel Fernández Sagasti el pasado 28 de septiembre al dar inicio a la reunión de la Comisión que preside. Esos fueron los que se trataron y aprobaron pero quedaron sin si quiera proponerse para su análisis otros 9 pliegos.
El también senador por Mendoza Alfredo Cornejo, que forma parte de esa Comisión, no estuvo presente. Según explicaron de su entorno a Diario UNO, su ausencia se debió a que la reunión fue convocada "de un día para el otro".
Entre ellos, según informó La Nación en su momento, se encuentran los del general de brigada Sergio Javier Pucheta, actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército; y el del coronel Roberto Casares, titular de la División de Ejército 2.
Además también, por fuera de los 228, quedó sin tratar el pliego del coronel mayor Alejandro Daniel Guglielmi, jefe de la Casa Militar.
En común tienen que sus apellidos están vinculados con la dictadura militar. Tanto Pucheta como Casares "tienen vínculos de sangre con militares que tuvieron actuación en los años de la dictadura militar", explicó La Nación.
En tanto que Guglielmi padre, también llamado Alejandro, está acusado de violar los derechos humanos en el Centro de Detención Clandestina de Campo de Mayo.
Entre los que sí fueron aprobados por la Comisión de Acuerdos pero aún esperan el ok del Senado está el otro general de brigada, Gustavo Alejandro Garcés Luzuriaga, y el coronel Oscar Roberto Armanelli como los de mayor rango.
Todos ellos, los 219, serán promovidos cuando el Senado lo apruebe para al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2021, es decir, de forma retroactiva.
Anabel Fernández Sagasti celebró la expropiación de Cromañón y la suspensión de desalojos
Lejos de entrar en la polémica por los ascensos militares, la senadora mendocina se destacó en la aprobación de la expropiación del predio donde funcionó el boliche Cromañón, abandonado tras el incendio en el cual murieron casi 200 personas en 2004.
La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra para declarar de «utilidad pública y sujeto a expropiación» el inmueble situado en Bartolomé Mitre 3038/78, donde funcionó el boliche República Cromañón para destinarlo "a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004".
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Además de la expropiación y de la creación de un espacio dedicado a la memoria, la norma contempla que en el lugar también haya una "muestra permanente" que refleje "la historia de lo allí ocurrido", así como también prevé la organización de actividades culturales e informativas.
También se trató y convirtió en ley en la sesión, con acuerdo de la oposición, el proyecto que impide que, durante los próximos diez años, se puedan llevar a cabo los desalojos judiciales de terrenos en los que se hayan levantado asentamientos precarios.
La mendocina, vicejefa del interbloque del Frente de Todos, destacó durante la sesión que esta "es una ley que surgió de las organizaciones en los barrios" que fue "muy militada, consensuada y luchada en las calles".
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"La política escuchó ese reclamo, y esa ley salió. Lo bueno es que pasaron dos gobiernos de distintos signos políticos y estamos juntos generando certezas", abogó.
