La Suprema Corte de Justicia condenó al Gobierno a restituirle a Mercedes Derrache, contadora y legisladora peronista, el cargo interino de clase 013 que ocupó en la Contaduría General de la Provincia y del que fue apartada durante la transición de Paco Pérez y Alfredo Cornejo.
Es alfil de la intendenta Flor Destéfanis
La Corte le devolvió el cargo a una senadora del PJ en la Contaduría de la Provincia
Un fallo unánime de la Corte condenó al Gobierno a restituir a Mercedes Derrache en un cargo de clase 13 del que fue apartada en la transición de Paco Pérez y Cornejo
La Suprema Corte resolvió a favor de la contadora y legisladorea peronista Mercedes Derrache.
Fue a través de un fallo unánime de los supremos Omar Palermo, Mario Daniel Adaro y José Valerio, quienes dispusieron -además- que el puesto quede en reserva hasta que Derrache, santarrosina y cuadro político de la intendenta Flor Destéfanis, culmine en 2026 el mandato en el Senado.
También resolvieron que el Estado provincial liquide y le pague los haberes correspondientes al proporcional de noviembre y diciembre de 2015 y el proporcional del aguinaldo 2015 más los intereses legales.
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El caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia
La legisladora peronista detalló que, según el decreto 2570 del año 2010 -firmado por Celso Jaque- fue designada por el Poder Ejecutivo, interinamente y hasta el llamado a concurso, para desempeñar funciones en la Contaduría General de la Provincia, en un cargo clase 013.
Un año después, aseguró, mediante el decreto 3639 de 2011 fue designada Contadora General Adjunta de la Contaduría General de la Provincia, disponiéndose la reserva de empleo anterior.
Luego, ese cargo fue derivado al Ministerio de Salud y en noviembre de 2015, tras un reclamo, se ordenó que regresara a la Contaduría General para ocupar el cargo de clase 013. Sin embargo, y a pesar de que trabajó, esa novedad nunca fue registrada en el sistema de liquidaciones y perdió los beneficios.
Derrache acudió a la Corte presentando una acción procesal administrativa contra la resolución 293 del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mendoza, ya durante la primera gobernación de Cornejo, que rechazó su reclamo.
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