El Gobierno envió este martes al Senado un proyecto de ley con el que pretende reducir tiempos y costos administrativos de las demandas contra el Estado provincial. La idea es que haya una instancia de conciliación, similar a la que existe en el ámbito privado, por la cual se pueda llegar a un acuerdo en alguna parte del proceso que evite la dilación en el tiempo de varias causas judiciales. Hoy hay unos 2.000 juicios por daños y perjuicios contra el Estado mendocino. 

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"Hoy en el Estado no se puede llegar a un acuerdo y todas las causas llegan a un juicio y se tardan en promedio dos años, en el mejor de los casos, para resolverse lo que supone un alto costo en honorarios, peritos y pago de intereses. En el ámbito privado, en cambio, cuando se evalúa que una causa está perdida, se busca acordar con el demandante para evitar las dilaciones del juicio, ya que se pagan intereses sujetos a las altas tasas actuales", explicó el Fiscal de Estado, Fernando Simón, uno de los autores del proyecto junto al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet.

Según los registros de la Fiscalía de Estado, actualmente existen unos 2.000 juicios por daños y perjuicios, entre las cuales figuran algunas en las que el Estado puede ser hallado responsable como son demandas por árboles en mal estado que cayeron sobre un auto o accidentes viales protagonizados por un móvil policial.

Ahora con esta modificación, frente a una demanda contra algún organismo o agente estatal, el abogado del demandado evaluará la causa y si cree que se debe acordar porque hay responsabilidad del Estado, esa causa pasará a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría del Estado. Si tanto el fiscal como el asesor del Estado coinciden en que se debe acordar, se deriva a una comisión valuadora que será quien defina el monto a ofrecer.

Ese monto será lo que finalmente se le ofrezca al demandante en la audiencia inicial.

Acortar tiempos de las demandas

Con el fin de acortar las demoras y dilaciones de las demandas y con ellos los gastos que suponen esos litigios judiciales, el proyecto fija tiempos  obligatorios que se deberán cumplir en cada etapa. 

El representante judicial del ente estatal demandado tendrá 5 días para remitir un informe a la máxima autoridad del ente, donde se fundamente el acuerdo, para finalizar el proceso judicial.

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, desde la recepción del informe y en el tiempo mencionado, la Fiscalía de Estado deberá emitir la opinión coincidiendo o no con el informe. Se podrán requerir informes técnicos a cualquier organismo o repartición del Estado.

En el caso de que la causa tenga contenido patrimonial, la Fiscalía de Estado remitirá a la Comisión Valuadora los antecedentes de la causa. En el plazo de 10 días, esa comisión deberá emitir un informe determinando el importe de la transacción para ofrecer y lograr el acuerdo definitivo.

En las causas que no tengan contenido patrimonial, la máxima autoridad del ente, antes de remitirse a la Fiscalía de Estado, solicitará un dictamen fundado a su servicio jurídico.

El demandado hará una única oferta, que no podrá superar la suma máxima que surgió de los informes.

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