Estaba cantado. En la Suprema Corte de Justicia no hubo acuerdo este miércoles entre el Gobierno y los cuatro intendentes del PJ que irán por una nueva reelección.
Y aunque las partes en litigio y el propio presidente Jorge Nanclares se fueron de los tribunales hablando de una posible "futura coincidencia" quedó clarísimo que esto no sucederá y que finalmente los siete supremos deberán determinar si es -o no- constitucional la enmienda ejecutada por Alfredo Cornejo para cortarles la carrera electoral de cara a los comicios.
Nanclares exhortó a resolver el pleito amistosamente. Y tiró sobre la mesa, teniendo en cuenta que los comicios en esas comunas son inminentes, la chance de "unificar" elecciones en esos departamentos para que la Corte pueda resolver a tiempo.
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Sin embargo, cada parte lo interpretó a su modo: los accionantes el PJ dijeron que verían bien unificar "con las elecciones nacionales", algo que Cornejo no quiere -de hecho desdobla en Mendoza-; y el Gobierno se refirió a "unificar con las provinciales". ¿Picardía? Tal vez. En política, sabido es, todo vale. O casi.
Emir Félix anticipó que los abogados del PJ fueron a la Corte de la Nación desconociendo la autoridad del pleno para resolver tomando como referencia que la Corte ya había resuelto cuando la Sala 2 les dio la razón en fallo dividido. O sea, un horizonte de dilaciones.
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El ministro Lisandro Nieri fue directo: reconoció el fracaso de la reunión y reveló la propuesta de Nanclares, que serviría para emitir un fallo plenario a tiempo y también para ahorrar gastos electorales, aunque esos gastos serían de las comunas y no de las arcas del Ejecutivo. Esa idea, evocó, había sido suya y planteada por nota el 7 de marzo al PJ que contestó: unifiquemos las elecciones municipales con las provinciales y las nacionales.
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El Fiscal de Estado, Fernando Simón, se retiró con cara de que no hay arreglo posible entre las partes. Oportunamente había opinado revertir el criterio judicial de los 80.
El cónclave comenzó a las 12.20 y se desarrolló en la sala de reuniones de la Suprema Corte de Justicia. No se permitió em acceso a la prensa porque no es una instancia pública sino solo para las partes en pugna.
Quince personas en total estuvieron sentadas a la mesa en la última instancia prevista para canalizar el conflicto sin necesidad de un fallo plenario, cuyos resultados no se conocerán en el breve plazo.
El juez Pedro Llorente fue el único ausente: está en Córdoba participando de una reunión de la Junta Federal de Cortes de provincias (Jufejus), institución de la que es tesorero. El faltazo de este miércoles no le impedirá participar de la continuidad de este proceso, en el que eventualmente le corresponderá votar.
Llorente es el único supremo en funciones de aquel tribunal que a fines de los 80 que sentenció, junto a Aída Kemelmajer y Fernando Romano, que en Mendoza las reformas constitucionales pueden ejecutarse solo si tienen el apoyo popular, vía plebiscito, de la mitad más uno de los empadronados, y no de los votos emitidos como pretende Alfredo Cornejo.
Los primeros en llegar a los tribunales fueron los intendentes Emir Félix y Jorge Giménez (San Martín y San Rafael). En los pasillos hubo bromas acerca de los atuendos: riguroso traje y corbata dejando de lado el sport habitual, regla de oro tribunalicia para quienes deban causar una buena impresión en quienes deben sentenciar.
Luego arribaron el lavallino Roberto Righi y el tunuyanino Martín Aveiro, también trajeados para la ocasión. Casi a la par llegaron los emisarios del Gobierno con el Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, más los funcionarios Lisandro Nieri (Gobierno) y Marcelo D' Agostino (Justicia).
Antes fue el turno del Fiscal de Estado Fernando Simón, que arribó solo, carpeta en mano, y no tuvo drama en detenerse unos segundos para ser fotografiado por la prensa.