El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía el régimen de sanciones para las empresas y personas que participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Así lo consignaron medios porteños.
El proyecto, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros de Defensa, Carlos Presti, y Economía, Luis Caputo, propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, que actualmente regula las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina.
Uno de los cambios centrales es que las restricciones dejarían de concentrarse exclusivamente en los hidrocarburos. Según el texto enviado al Congreso, el nuevo régimen alcanzaría a toda actividad no autorizada vinculada con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa todavía no es ley: deberá ser debatida y aprobada por ambas cámaras del Congreso antes de su eventual entrada en vigencia.
Multas calculadas en barriles de petróleo
El proyecto establece un esquema de sanciones económicas que toma como unidad de referencia el barril de petróleo.
Para las actividades consideradas prohibidas se prevén multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la posibilidad de suspender o cancelar permisos e imponer inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
El régimen se vuelve más severo cuando se trata de hidrocarburos.
Para la exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización se contemplan penas de prisión de 12 a 20 años.
En los casos de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la pena propuesta asciende a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que las multas podrían llegar hasta el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo.
También alcanzaría a los proveedores
Una de las novedades del proyecto es que las sanciones no quedarían limitadas a las compañías que realizan directamente la explotación.
También podrían quedar alcanzados los proveedores de bienes y servicios esenciales para esas actividades, siempre que conozcan el destino de los servicios o productos que suministran.
Para esas conductas, el proyecto contempla penas de cinco a siete años de prisión.
Las sociedades involucradas también podrían recibir sanciones específicas, entre ellas la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en determinados casos, su disolución o liquidación.
Las empresas sancionadas podrían quedar fuera del mercado argentino
El proyecto establece además consecuencias económicas para las compañías alcanzadas por las sanciones.
Una empresa inhabilitada no podría desarrollar actividades económicas en Argentina durante el período fijado por la sanción. También se contempla la revocación de permisos, la pérdida de determinados beneficios fiscales o previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en el país o involucren bienes ubicados en territorio argentino.
Para ordenar la salida de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación podría establecer períodos de cese de entre 30 y 180 días, con posibilidad de prórroga teniendo en cuenta la continuidad de servicios y la situación de trabajadores, acreedores y terceros de buena fe.
Un régimen para quienes abandonen las actividades cuestionadas
El texto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización.
Los infractores que abandonen las actividades alcanzadas por la norma podrían solicitar su incorporación al régimen, afrontar las multas correspondientes o comprometer inversiones en actividades legales dentro de la Argentina.
Si cumplen con las condiciones establecidas, el proyecto contempla el archivo de las actuaciones administrativas y la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que exista una sentencia firme o reincidencia.
En pocas palabras
- Congreso Nacional: El gobierno de Javier Milei envió el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar sanciones.
- Sanciones de petróleo: Se proponen multas de hasta 3 millones de barriles y penas de 12 a 20 años de prisión por explotación no autorizada.
- Alcance ampliado: Las multas y penas también alcanzarían a proveedores de bienes y servicios si conocen el destino de sus aportes.
Resumen generado por Thinkindot AI
