El Senado de Mendoza sancionó la llamada "Ley Antiaguantaderos", que permitirá al Gobierno provincial intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que representen un peligro por su estado de abandono o deterioro. La norma contempla desde el tapiado de accesos hasta la demolición controlada, cuando resulte indispensable por razones de seguridad.
Legislatura
El Senado sancionó la "Ley Antiaguantaderos", que permitirá tapiar y demoler inmuebles peligrosos en Mendoza
La iniciativa obtuvo 33 votos a favor y 2 en contra en el Senado. Pasó al Ejecutivo para su promulgación. Qué pasa con los desalojos
Una de las tantas demoliciones recientes en el Gran Mendoza. Se espera que la "Ley Antiaguantaderos" agilice el proceso.
Foto: Municipalidad de GuaymallénLa iniciativa, que ya tenía media sanción de Diputados, fue aprobada este martes por 33 votos afirmativos y 2 negativos y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Ministerio de Seguridad y Justicia que conduce Mercedes Rus será la autoridad de aplicación. Para ordenar una intervención deberá emitir una resolución fundada, dentro de un procedimiento que prevé informes técnicos y policiales, notificaciones a los propietarios y mecanismos de oposición y revisión.
Según informó el Senado, el régimen no habilita el desalojo administrativo de personas. Cuando un inmueble esté ocupado de manera permanente, deberá intervenir la Justicia. O sea que "sacar personas" que habiten en esos sitios no será tan sencillo.
Qué permitirá la Ley Antiaguantaderos
La norma crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana. Su antecedente es el protocolo que el Ministerio de Seguridad y Justicia aplica desde octubre de 2025 y al que ahora se busca dar respaldo mediante una ley provincial.
El régimen alcanzará a propiedades utilizadas para el acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes, así como para la planificación o ejecución de delitos. También contempla inmuebles que, por su abandono, deterioro o destrucción, constituyan un peligro para terceros.
Las medidas previstas incluyen el tapiado o cerramiento de accesos, la clausura parcial o total y, cuando sea indispensable por razones de seguridad, la demolición controlada de sectores o de la totalidad de la propiedad.
Durante el debate, el senador David Sáez, miembro informante, explicó que las intervenciones deberán ser "preventivas, provisionales, temporales y proporcionales".
De acuerdo con la comunicación oficial, el régimen establece que las medidas no tendrán carácter sancionatorio ni implicarán una afectación al derecho de propiedad. La finalidad declarada es impedir el uso de esos lugares para actividades ilícitas y reducir los riesgos para la comunidad.
Los vecinos podrán solicitar intervenciones
El procedimiento podrá comenzar de oficio o a partir de solicitudes de vecinos, municipios y organismos públicos o privados, además de requerimientos judiciales.
Las actuaciones deberán contar con respaldo documental, como informes técnicos y policiales y actas. También se contemplan notificaciones y citaciones a los propietarios, quienes tendrán la posibilidad de presentar oposición y solicitar la revisión de las medidas.
La norma prevé, además, un mecanismo especial para situaciones de riesgo grave e inminente para las personas o la seguridad pública, que permitirá actuar de manera inmediata.
Sáez señaló que los casos de inmuebles ocupados de forma permanente deberán ponerse en conocimiento de la Justicia, porque pueden involucrar derechos que requieren una resolución judicial. El trabajo también se coordinará con el Ministerio Público Fiscal.
Respaldo de la mayoría del Senado
La senadora Beatriz Galiñares respaldó la iniciativa y destacó la necesidad de coordinar las acciones entre la Provincia y los municipios.
Como ejemplo, mencionó situaciones en Junín y San Martín, donde terrenos baldíos abandonados eran utilizados para ocultar elementos vinculados con robos y otros delitos.
La legisladora sostuvo que, aunque los municipios cuentan con facultades para actuar en cuestiones de seguridad, salubridad y ambiente, los procedimientos pueden prolongarse. Consideró que el nuevo régimen permitirá agilizar las intervenciones y remarcó que deberá contemplar los derechos de los propietarios.
La ley también contempla convenios de cooperación con los municipios y la creación de un Registro Provincial de Inmuebles Intervenidos Preventivamente, de carácter reservado, para llevar un seguimiento de las propiedades alcanzadas por las medidas.
En pocas palabras
- Ley Antiaguantaderos: el Senado de Mendoza aprobó una norma para intervenir inmuebles peligrosos o usados para delitos.
- Medidas previstas: la ley autoriza tapiar accesos o demoler edificaciones en mal estado o vinculadas a actividades ilícitas.
- Limitaciones: la iniciativa no permite desalojos administrativos, reservando esa acción a la Justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
