El Senado de Mendoza aprobó el Banco de Huellas Balísticas para detectar delitos relacionados entre sí

El Senado de Mendoza dio sanción inicial por unanimidad al proyecto de Ley de Huella Balística, que establece el funcionamiento del Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas y crea un Banco Provincial de Perfiles Balísticos. La iniciativa apunta a mejorar las investigaciones criminales mediante tecnología que permite relacionar distintos hechos delictivos a partir de las marcas que dejan las armas de fuego en vainas y proyectiles.

El senador radical Néstor Majul, miembro informante del proyecto, defendió la incorporación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) y destacó los resultados obtenidos desde su puesta en funcionamiento, en febrero de 2026.

Según los datos que presentó en el recinto, en un año se registraron 111 coincidencias, mientras que el sistema analógico había detectado 74 en 10 años.

Cómo funciona el nuevo sistema de huellas balísticas

El análisis de las marcas microscópicas permite establecer conexiones entre vainas servidas y proyectiles, incluso cuando el arma fue descartada.

Majul explicó que la herramienta no solo permite identificar si una misma arma fue utilizada en distintos delitos, sino que también facilita avanzar en las investigaciones cuando el arma no fue recuperada. El análisis de las marcas microscópicas permite establecer conexiones entre vainas servidas y proyectiles, incluso cuando el arma fue descartada.

El senador puso como ejemplo una investigación en la que se logró vincular un arma con ocho hechos delictivos. También destacó la reducción de los tiempos de trabajo: los cotejos que antes podían demorar hasta tres días ahora se realizan en aproximadamente tres horas. A esto se suma la posibilidad de intercambiar información con otras provincias y organismos internacionales.

Un banco de perfiles balísticos sin inscripción obligatoria para civiles

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del Banco Provincial de Perfiles Balísticos, una base de datos que reunirá información sobre armas secuestradas, incautadas, decomisadas, halladas o recuperadas. También incluirá las pertenecientes a la Policía de Mendoza, el Servicio Penitenciario y las empresas de seguridad privada alcanzadas por la regulación provincial.

Majul aclaró que los legítimos usuarios civiles no estarán obligados a inscribir sus armas en el sistema. La incorporación de sus perfiles será voluntaria y no implicará nuevos trámites ni modificaciones en las autorizaciones que dependen de la autoridad nacional. El objetivo, explicó, es concentrar los esfuerzos en la identificación de armas utilizadas en hechos delictivos y combatir la circulación de armamento ilegal.

El PJ acompañó, pero cuestionó la ley anterior

Desde la oposición, el senador Félix González (PJ) adelantó el acompañamiento de su bloque y sostuvo que la seguridad es un tema en el que buscan realizar aportes. Sin embargo, aprovechó el debate para marcar diferencias con la legislación anterior y cuestionar su implementación.

González recordó que la Ley 9.107, sancionada en 2018 durante una gestión del oficialismo provincial, establecía un esquema de registración de armas que incluía la obligatoriedad para los legítimos usuarios. Sin embargo, la norma nunca alcanzó los resultados esperados, permaneció siete años sin reglamentación y finalmente debió revisarse. Para el legislador, el nuevo proyecto corrige ese enfoque al priorizar la identificación de armas vinculadas con delitos y establecer la voluntariedad para los usuarios civiles.