Se defendió

El presidente de la Corte Suprema denunció que lo quieren desprestigiar

Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, aseguró que hay una campaña de desprestigio en su contra y apuntó al Frente de Todos

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, denunció este lunes una "campaña de desprestigio" en su contra a través de acusaciones "infundadas", en medio de la críticas de sectores del Frente de Todos y el pedido de juicio político. "Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos", escribió Rosenkrantz en una not que envió a Infobae.

El titular del máximo tribunal del país realizó una declaración tras un fin de semana de discusión entre oficialismo y la oposición a partir del pedido de juicio político que presentó la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura Vanesa Siley por supuesto "por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".

Rosenkrantz se quejó de que "distintas personalidades" le "atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza".

En una movida inusual, el presidente de la Corte Suprema rechazó las acusaciones de Siley y dijo que "son completamente infundadas", ya que no ha "incumplido deber funcional alguno".

La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentó el 25 de septiembre pasado el pedido de juicio político por la actuación de Rosenkrantzz en varias causas de delitos de lesa humanidad, entre ellas el beneficio del 2x1 en el caso “Muiña” al genocida Luis Muiña en 2017.

“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada en sus redes sociales y aclará que la denuncia no fue posterior a la decisión de la Corte de aceptar el per saltum pedido por los tres jueces que desplazó el Senado y que ocupaban cargos -desde los que investigan a Cristin Kirchner- por decretos de Mauricio Macri.

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