Tras el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria aprobada en el Congreso, el peronismo lanzó una campaña para recolectar un millón de firmas en contra de la decisión presidencial. En Mendoza, los diputados nacionales del PJ, Liliana Paponet y Martín Aveiro -Adolfo Bermejo no-, se sumaron activamente a la causa.
El peronismo local se sumó a la iniciativa difundida por redes sociales para rechazar el veto de Javier Milei al aumento de los jubilados.
"Por favor, firma esta petición y demanda un futuro digno para nuestros jubilados y jubiladas", expresaron los creadores de la campaña, que busca enviarle un mensaje al libertario a través de la plataforma Change.org. Hasta el momento, la petición ha reunido poco más de 50 mil firmas.
La iniciativa comenzó a circular desde Buenos Aires mediante la plataforma X (anteriormente Twitter), donde diputados nacionales, organizaciones sociales y civiles, y jubilados publicitaron la campaña con lemas como "No al veto" y "Milei pará la mano".
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El veto de Javier Milei al aumento a los jubilados
El presidente Javier Milei firmó el veto total a la ley de reforma jubilatoria que se había aprobado la semana anterior en el Congreso y que implica un aumento a los jubilados. Estampó su rúbrica en la noche del viernes.
Milei firmó el decreto -es su primer veto desde que llegó a la Casa Rosada- luego de haberse reunido con los bloques de diputados dialoguistas, quienes le dieron su respaldo para el veto.
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Del encuentro con legisladores del PRO, el MID y La Libertad Avanza (LLA) participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por pedido del propio mandatario.
El costo económico de la reforma jubilatoria según Javier Milei
Milei dio una previsión extrema del impacto fiscal del aumento a las jubilaciones: consideró que los "degenerados fiscales" del Congreso tomaron una medida que le costará a los argentinos U$S 370.000 millones, equivalente al 62% del PBI. Para llegar a este número, muy distinto al de todas las consultoras y al de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tomó el gasto en términos dinámicos e intertemporales, y midió el impacto para los próximos años.
La gran mayoría de los analistas miran las proyecciones de la OPC, un organismo creado por ley en 2016 para dar apoyo técnico al Congreso. Según esta entidad, los cambios en la movilidad implicarán para el 2024 un impacto fiscal del 0,44% del PBI y de 0,8% del PBI para el 2025. Aunque podría aumentar a 0,74% del PBI este año si se mantuvieran los bonos de $70.000 hasta diciembre.
