En una semana clave, ante la inminente oferta de la empresa estadounidense interesada en comprar IMPSA que llegaría este fin de semana, el Gobierno logró que la Cámara de Diputados le aprobara la autorización para vender las acciones que Mendoza tiene en la metalmecánica.
La Legislatura avanzó con el aval para que Alfredo Cornejo pueda vender las acciones que el Estado mendocino tiene en IMPSA.
Con esta media sanción, el oficialismo tiene todas las chances de conseguir el aval completo la próxima semana cuando la venta se discuta en Senadores, en donde también tiene los votos propios para conseguir la aprobación, porque se requiere contar con mayoría simple y Cambia Mendoza tiene la mitad de los 38 senadores y en el caso de darse un empate, quien desempata es la vicegobernadora Hebe Casado.
La votación terminó con 27 votos a favor y 17 en contra, ya que avalaron la venta los 22 diputados del radicalismo, más sus socios de dos bloques del PRO, Sol Salinas, Guillermo Mosso y Enrique Thomas, a los que se sumó el ahora titular del bloque de La Libertad Avanza, Gustavo Cairo y el del monobloque Mejor por Mendoza, el diputado Mauro Giambastiani.
En contra se manifestaron los bloques opositores del PJ, el Partido Renovador, La Unión Mendocina y el bloque del PRO no asociado a Cambia Mendoza.
Ese aval legislativo es fundamental para que Cornejo pueda vender el 21% de las acciones que el Estado mendocino compró en el 2021, cuando junto a la Nación idearon un salvataje para la ex empresa de Pescarmona. En aquel momento, la adquisición de esas acciones que firmó el ex gobernador Rodolfo Suárez contó con el respaldo de la Casa de las Leyes y por eso esta venta también exigía ese apoyo legal.
Pero además, en el Gobierno entienden que era imprescindible tener ese aval porque el próximo domingo se vence el plazo para que la empresa estadounidense ARC Energy presente la oferta para la compra de IMPSA.
En julio pasado ellos firmaron con Alfredo Cornejo y con el Secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de la Nación, Juan Pazo, un carta de intención de compra y más tarde pidieron ampliar el plazo para presentar la oferta final.
Este tiempo le habría servido a los oferentes para ponerse al tanto de la situación financiera y legal de la metalmecánica. Es que según el último acuerdo preventivo extrajudicial con los acreedores, tiene una deuda que duplica el monto de los contratos y ronda los 480 millones de dólares.
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Las críticas de los massistas a la venta de las acciones de IMPSA
El viernes pasado, el ex ministro de Producción, José Ignacio De Mendiguren, uno de los dirigentes del riñón de Sergio Massa, presentó un informe detallado sobre la situación de la empresa IMPSA durante su gestión.
Fue en una reunión virtual con legisladores mendocinos, en la que se discutió el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a transferir las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de titularidad de la Provincia de Mendoza. Gabriel Vienni, quien presidió IMPSA durante su intervención, también participó del encuentro.
Esa presentación fue motorizada por la diputada mendocina Gabriela Lizana quien viene cuestionando la decisión de Javier Milei y del mismo Cornejo de desprenderse de las acciones que la Nación y Mendoza tienen de la empresa.
En la votación de este miércoles, Lizana volvió a cuestionar la decisión de "privatizar IMPSA".
"Lo primero que hay que decir es que el Gobierno no brindó toda la información que veníamos pidiendo y que sin eso es imposible tomar una decisión tan importante como es vender la industria metalmecánica. Nosotros en particular buscamos los datos oficiales y podemos decir que la empresa tiene el pasivo refinanciado y a la vez tiene una gran cantidad de contratos pendientes, no es una empresa fundida que sale $0 como nos quieren hacer creer", marcó la dirigente del Este.
Lizana resaltó que "mostrar a la empresa sin valor es una estrategia de venta propia de un inútil" y para sostener su postura leyó un comunicado de uno de los referentes de la empresa ARC Energy que es la interesada en la compra de IMPSA, en donde quedaba claro que esa firma ponía en valor no sólo a la empresa mendocina y su capacidad instalada, sino también a las perspectivas de negocios que tiene.
"Acá hay dos discusiones, por un lado si se quiere privatizar la soberanía energética del país, entonces se entiende que quieran vender IMPSA y restringirnos a ser un país que sólo venda materia prima. Y por otro lado hay que discutir a qué precio se vende la mayor industria metalmecánica del país. La sensación que nos da es que quieren desguazar la soberanía energética y encima la quieren regalar", cerró.
La diputada apuntaba a los argumentos que viene dando el oficialismo mendocino cuando justificó no sólo la venta, sino la decisión de ceder el valor de las acciones a cambio de que el futuro comprador se comprometa a capitalizar la empresa.
"Una empresa se mide por su flujo de negocios y en ese sentido hoy IMPSA tiene un flujo negativo porque su deuda duplica la cantidad de contratos que puede tener firmados", vienen repitiendo los radicales cuando justifican la postura de vender las acciones.